Varias de ellas entrarán en vigor de inmediato, mientras que otras lo harán el 1 de octubre, por lo que marca cambios para residentes, empresas y autoridades locales.
Programas alternativos para acusados con problemas de salud mental en Florida
Uno de los cambios más destacados es la “Ley Tristin Murphy” (SB 168), que abre la puerta a programas de desvío para personas acusadas de ciertos delitos y diagnosticadas con enfermedades mentales, discapacidad intelectual o autismo.
Según datos de la National Alliance on Mental Illness (NAMI), la aplicación de este tipo de programas reduce la reincidencia y los costos de encarcelamiento. Además, la norma exige formación especializada para las fuerzas del orden en intervención de crisis.
Por otro lado, el SB 1620 refuerza la Ley Baker, obligando a revisar cada seis meses los planes de tratamiento de las personas retenidas por crisis psiquiátricas y dando prioridad a licencias para centros residenciales en condados con escasez de servicios.
La psicóloga clínica Andrea Rivas, especialista en salud comunitaria, señala que “estas medidas pueden disminuir las internaciones prolongadas y facilitar la reintegración social”.
DeSantis firmó esta ley. Foto:Facebook Governor Ron DeSantis
En tanto, con el SB 1622, el acceso recreativo a las playas de la Costa del Golfo queda protegido sin los procesos judiciales complejos que exigía la ley de 2018. Además, el Departamento de Protección Ambiental (DEP, por sus siglas en inglés) podrá iniciar restauraciones en áreas de erosión crítica.
Varios proyectos —SB 1080, SB 4017, SB 4021, SB 4059 y SB 4061— introducen ajustes en distritos de drenaje, mejoras y administración. De esta manera, agiliza permisos de zonificación, amplia límites territoriales y modifica la composición de las juntas directivas.
Para la Asociación de Desarrolladores de Florida, estos cambios buscan “reducir la burocracia y estimular la inversión local”.
