Por décadas, el sistema judicial de Estados Unidos ha sido considerado una de las columnas más sólidas de su democracia: un poder independiente, diseñado como contra peso para garantizar que ni el Ejecutivo ni el Legislativo estén por encima de la ley.
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Donald Trump abordando el avión Air Force One. Foto:Getty Images via AFP
Pero desde enero, cuando Donald Trump regresó a la Casa Blanca, este ha lanzado un asalto frontal contra los tres pilares que sostienen ese sistema -jueces, abogados y la independencia del Departamento de Justicia- redibujando en el proceso las fronteras institucionales y planteando serios interrogantes sobre el futuro del Estado de derecho en Estados Unidos.
Los ejemplos abundan. Desde la descalificación pública de jueces por emitir fallos contrarios a sus intereses -rayando a veces con el desacato- y la destitución de fiscales que investigaban delitos cometidos por su círculo cercano, hasta represalias contra firmas de abogados por defender a clientes o empresas que considera hostiles a sus intereses.
Su más reciente embate fue utilizar el Departamento de Justicia para enjuiciar a sus dos antecesores, Joe Biden y Barack Obama, así como a funcionarios que trabajaron con ellos.
Aunque los ataques de Trump al sistema judicial no son nuevos y lleva años alegando que hay una cacería de brujas en su contra orquestada por sus rivales políticos, en los últimos el mandatario pasó de la retórica a la práctica.
En los casos contra los expresidentes demócratas, la nueva fiscal general, Pam Bondi, ordenó la formación de un gran jurado para que reexamine la investigación que se adelantó durante la campaña del 2016 por la interferencia de Rusia en esos comicios, pese a que tanto la comunidad de inteligencia como el Congreso ya habían concluido que Moscú sí se entrometió en los comicios. Además de Biden y Obama, las pesquisas también le apuntan a exdirectores del FBI, la CIA y la Agencia Nacional de Inteligencia.
La administración republicana, además, ha destituido a decenas de fiscales de carrera, en su mayoría a los responsables de la investigación y procesamiento de quienes participaron del asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 y concedido indulto a todos los implicados con ese ataque.
Esto preocupa a muchos, pues este tipo de fiscales en Estados Unidos son rara vez destituidos sin justa causa y porque, de paso, se erosiona la capacidad de la justicia para combatir la violencia política
Esto preocupa a muchos, pues este tipo de fiscales en Estados Unidos son rara vez destituidos sin justa causa y porque, de paso, se erosiona la capacidad de la justicia para combatir la violencia política.
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Donald Trump, presidente de Estados Unidos y Pam Bondi, la fiscal general de ese país. Foto:Redes Sociales
En su remplazo, Trump ha venido ubicando en los más altos cargos a personas de su círculo interno como Bondi y Todd Blanche, su exabogado personal y que ahora ocupa el segundo puesto más alto del Departamento de Justicia. Sus designaciones rompen con la tradición de neutralidad que ha definido a este órgano por muchas generaciones.
Aunque en Estados Unidos el presidente nomina a las cabezas en esta institución, la Fiscalía por lo general opera con independencia y no sigue las instrucciones del mandatario.
“Lo que estamos viendo en vivo y en directo es cómo Trump convierte al Departamento de Justicia en un instrumento de la Casa Blanca para que defienda su agenda. Es un esfuerzo por transformar una organización profesional en otra en la que no tiene cabida quien no sea una caja de resonancia de lo que diga el presidente. Esto no tiene precedentes”, afirma Bruce Fein, exfuncionario del Departamento de Justicia durante el mandato del republicano Richard Nixon.
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Lo mismo piensa Daniel Richman, ex fiscal federal y profesor de la facultad de derecho en la Universidad de Columbia. “Invocando la autoridad ejecutiva absoluta, Trump está intentando convertir las fiscalías estadounidenses, y el sistema federal de aplicación de la ley en general, en un instrumento directo del poder presidencial para fines políticos o personales (…) Eso es la antítesis de un Departamento de Justicia que defiende algo distinto a lo que el presidente desea”, agrega el experto.
“Lo que estamos viendo en vivo y en directo es cómo Trump convierte al Departamento de Justicia en un instrumento de la Casa Blanca para que defienda su agenda
Bruce FeinExfuncionario del Departamento de Justicia durante el mandato de Richard Nixon
Eso sí, los analistas destacan que Trump no es el primer presidente que intenta instrumentalizar al Departamento de Justicia para que juegue a su favor al recordar los casos de John F. Kennedy (1961-1963), que nombró a su hermano como fiscal general, o Nixon (1969-1974), quien destituyó al fiscal y al vicefiscal de la época por negarse a archivar el escándalo de Watergate. Aun así, consideran que los esfuerzos del actual presidente son de otro calibre.
La posible interferencia en el caso Epstein
Uno de los casos más recientes de posible interferencia judicial para favorecer al presidente es el de Ghislaine Maxwell, la compañera sentimental del magnate Jeffrey Epstein, a la que se condenó a 20 años de cárcel por tráfico sexual de menores. Tanto Trump como Bondi están bajo presión extrema -particularmente de las bases republicanas- para que publiquen todos los archivos del caso luego de que abruptamente dieron por terminadas las pesquisas. Ambos, durante años, sostuvieron que existía una lista de “clientes famosos” que sería revelada si regresaban al poder.
Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein. Foto:AFP
El nombre de Trump y su vínculo personal con Epstein por más de una década volvieron a sonar en medio de las presiones republicanas luego de que The Wall Street Journal publicó una caricatura con comentarios sexuales, dibujada supuestamente por el presidente como regalo de cumpleaños para el multimillonario, algo que Trump niega y por lo cual instauró una demanda contra el diario.
Hace dos semanas, Todd Blanche -el número dos de la Fiscalía- se reunió con Maxwell para tomar su versión de los hechos. A los pocos días de la cita, la mujer fue trasladada a una prisión de baja seguridad que ha sido descrita como un “club campestre” en una movida muy cuestionable, pues no es usual que este tipo de tratamiento se le otorgue a alguien condenado por un delito tan serio.
Poco después, se filtró a la prensa que, en su entrevista con la Fiscalía, Maxwell había exonerado de toda culpa a Trump.
Las acciones también están dirigidas contra jueces en el país que se han interpuesto a la agenda del presidente. No solo con comentarios públicos, descalificando sus decisiones y tildándolos de partidistas, sino empapelándolos a través de los canales judiciales.
El caso del juez Boasberg: señalado por advertir de fallos ignorados por la Casa Blanca
El caso del juez James Boasberg es ilustrativo. Recientemente, la administración presentó una queja de conducta contra el magistrado luego de que expresó, en una conferencia privada, preocupación por la posibilidad de que el Ejecutivo ignorara los fallos judiciales.
De hecho, de acuerdo con un informe reciente del Washington Post, los abogados de la Casa Blanca y el Departamento de Justicia han desobedecido las órdenes judiciales en un tercio de las más de 160 demandas contra el Gobierno en las que un juez ha emitido un fallo.
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“Los demandantes afirman que los abogados del Departamento de Justicia y las agencias que representan están ignorando los fallos, proporcionando información falsa, omitiendo pruebas, evadiendo discretamente las órdenes judiciales e inventando pretextos para llevar a cabo acciones que han sido bloqueadas”, dice el diario.
Si bien es probable que la demanda contra Boasberg no prospere, la intención, de acuerdo con la exfiscal Barbara McQuade, es causar miedo entre los jueces para que se la piensen dos veces antes de fallar en contra del mandatario.
La rama judicial ha venido reportando, además, un dramático incremento de amenazas contra estos funcionarios, lo cual también tiene un efecto intimidatorio.
De manera paralela, grandes firmas de abogados en el país están siendo “forzadas” a llegar a acuerdos con la Casa Blanca en los que se comprometen a defender causas del Gobierno bajo amenaza de perder millonarios contratos con la administración si no aceptan.
Juez James Boasberg Estados Unidos Foto:Redes sociales
Trump y su influencia judicial en otros países
La influencia del nuevo enfoque judicial de Trump no se limita al ámbito doméstico. En una inusual medida de presión, el mandatario impuso aranceles del 50 por ciento a productos de Brasil, como represalia por el juicio contra Jair Bolsonaro, un aliado ideológico acusado de intentar revertir los resultados electorales en ese país.
Lo que antes era una relación imperfecta entre las ramas, pero funcional, ahora corre el riesgo de convertirse en una subordinación total del sistema de justicia al poder presidencial
Bruce FeinExfuncionario del Departamento de Justicia durante el mandato de Richard Nixon
Este intento de proyectar su concepción personalista de la justicia más allá de las fronteras estadounidenses agrava la preocupación entre juristas y diplomáticos que temen una erosión global del respeto por la división de poderes.
La Casa Blanca argumenta que Trump no está politizando la justicia, sino corrigiendo los excesos que se cometieron en el pasado.
«El presidente Trump está restaurando la integridad del Departamento de Justicia tras cuatro años de instrumentalización, engaños e intentos de encarcelarlo. El Departamento de Justicia está trabajando para ejecutar la agenda del presidente Trump que es reducir la delincuencia, enjuiciar a criminales y empoderar a las fuerzas del orden», afirma Harrison Fields, un portavoz de la Casa Blanca.
Pero Fein, el ex fiscal de Nixon y de otras administraciones republicanas, no lo ve así.
Protesta en Brasil contra los aranceles que impuso Donald Trump por el juicio contra Jair Bolsonaro. Foto:AFP
Para este, el objetivo final de Trump parece ser la eliminación del poder judicial como freno al Ejecutivo.
“Lo que antes era una relación imperfecta entre las ramas, pero funcional, ahora corre el riesgo de convertirse en una subordinación total del sistema de justicia al poder presidencial”, advierte el exfuncionario.
SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington
@sergom68
