Los abogados de Jair Bolsonaro solicitaron este martes a un juez de la corte suprema autorización para que el expresidente brasileño deje la prisión domiciliaria y se realice una serie de exámenes médicos en un hospital.
El exjefe de Estado (2019-2022) está confinado desde la semana pasada en su residencia en Brasilia, por violar una prohibición judicial de uso de redes sociales en el marco del juicio que enfrenta por presunta intentona golpista.
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Los abogados citaron en la petición el «actual cuadro de salud» de Bolsonaro, que aún sufre las consecuencias de una puñalada que recibió en 2018, con problemas gástricos y hospitalizaciones recurrentes.
Según el texto, el expresidente ultraderechista, de 70 años, tiene «síntomas de reflujo e hipo» crónicos y debe ir a un hospital en Brasilia para realizarse exámenes, incluyendo una endoscopia del tracto intestinal.
Protesta en São Paulo de simpatizantes de Jair Bolsonaro. Foto:AFP
Las pruebas deben hacerse el 16 de agosto, y Bolsonaro podría necesitar permanecer unas ocho horas en el hospital. No descartan que los médicos recomienden acciones adicionales.
Bolsonaro enfrenta un juicio ante el Supremo Tribunal Federal acusado de conspirar para aferrarse al poder tras perder las elecciones de 2022 ante el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Además es objeto de una investigación por obstrucción judicial, que se desprende de la campaña que su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro adelanta en Estados Unidos para que la Casa Blanca presione a las autoridades brasileñas en favor de su padre.
En represalia al juicio contra su aliado, el presidente estadounidense Donald Trump ordenó aranceles de 50% a las importaciones brasileñas, mientras su gobierno impuso sanciones al juez que lleva el caso, Alexandre de Moraes.
Vista aérea de los partidarios del expresidente brasileño Jair Bolsonaro. Foto:AFP
Debido a la presunta obstrucción judicial, desde mediados de julio el excapitán del Ejército está obligado a llevar una tobillera electrónica, y le está prohibido expresarse en redes sociales.
El 4 de agosto Moraes ordenó la prisión domiciliaria de Bolsonaro por incumplir esa última prohibición. Desde entonces, con excepción de sus abogados y familiares cercanos, toda visita a su residencia quedó proscrita, salvo previa autorización.
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El juez aún no ha respondido a un pedido presentado la semana pasada para revocar la prisión domiciliar del expresidente, que sus abogados denuncian como «censura».
Consultada sobre el nuevo requerimento para acudir al hospital, una fuente de la corte suprema dijo a la AFP que «no hay fecha» prevista para una decisión.
Inhabilitado a presentarse a elecciones hasta 2030, Bolsonaro puede enfrentar unos 40 años de cárcel por el juicio en curso.
Jair Bolsonaro llegando a la sede del Partido Liberal en Brasilia. Foto:AFP
Subsecretario de Estado de EE. UU. acusa a De Moraes de romper la relación con Brasil
El subsecretario de Estado de EE. UU., Christopher Landau, acusó al juez brasileño Alexandre de Moraes de destruir «la histórica relación de proximidad» entre Brasil y Estados Unidos, en un mensaje publicado este sábado en su cuenta de X.
«Un único ministro del STF (Supremo Tribunal Federal) usurpó el poder dictatorial al amenazar a los líderes de los otros poderes, o a sus familias, con la detención, el encarcelamiento u otras sanciones. Esa persona destruyó la histórica relación de proximidad entre Brasil y Estados Unidos«, escribió el funcionario, sin nombrar explícitamente a De Moraes.
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Incluso resaltó que el magistrado intentó «aplicar la ley brasileña extraterritorialmente para silenciar a personas y empresas en suelo estadounidense».
El mensaje que tensionó aún más el vínculo entre ambos países decía que los «aliados» del juez Alexandre de Moraes «están avisados» para que no apoyen al magistrado, quien ya ha sido objeto de sanciones por parte del Gobierno de Donald Trump.
De Moraes es el instructor del juicio por golpismo que atraviesa Bolsonaro, el cual para EE. UU. es una «caza de brujas», argumento que utilizó para aplicar una serie de sanciones contra Brasil como, por ejemplo, aranceles del 50 % adicional a parte de las importaciones brasileñas.
Jair Bolsonaro debe llevar un dispositivo de vigilancia electrónica. Foto:AFP
También, el Gobierno de Trump enmarcó al magistrado dentro de la Ley Magnitsky, que permite sancionar a funcionarios extranjeros por violaciones a los derechos humanos.
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Bolsonaro, quien gobernó entre 2019 y 2022, cuando coincidió durante dos años con el primer mandato de Trump (2017-2021), está acusado de haber planificado, junto a jefes militares y antiguos ministros, diversos planes para impedir la investidura de Lula tras la victoria del líder progresista en las elecciones de octubre de 2022.
El pasado lunes, el líder de la ultraderecha fue detenido en régimen de prisión domiciliaria por orden del Supremo, debido al incumplimiento de las órdenes cautelares.
