El despliegue de más de 800 miembros de la Guardia Nacional a las calles de Washington D. C. ordenado este lunes por el presidente Donald Trump volvió a revivir un explosivo debate, que viene creciendo en Estados Unidos, sobre el uso de fuerzas militares para tareas de seguridad interna y el alcance de los poderes presidenciales.
Esta administración considera a las fuerzas armadas como una solución universal para el logro de sus prioridades políticas internas
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Aunque las estadísticas muestran que la criminalidad en la capital ha disminuido en los últimos años -más de un 25 por ciento en 2024 y otro 12 por ciento en lo que va del 2025- el mandatario describió la situación como «fuera control», justificando con ello el envío de las tropas y la federalización de la policía local, que, por ahora, estará bajo la supervisión del Departamento de Justicia.
Protestas en Washington contra la decisión de Donald Trump de desplegar a la Guardia Nacional. Foto:EFE
De acuerdo con analistas, ambas decisiones -tomar control de la policía y el envío de los militares para garantizar el orden público- son inéditas.
Por lo menos en los 50 años que han pasado desde que se aprobó el estatuto que rige al Distrito Columbia y bajo el cual elige a sus propios gobernantes y opera de manera semi independiente.
Sin embargo, más allá de si la medida es puro teatro político, Trump está actuando en derecho.
¿Cómo funciona el despliegue de la Guardia Nacional? Los límites de la orden de Trump
A diferencia de los estados, el Distrito no tiene control sobre su Guardia Nacional. Por ley -establecida en ese mismo estatuto- la última palabra la tiene el secretario del Ejército, que le responde al secretario de Defensa -actualmente Pete Hegseth- y este al presidente.
Esto otorga a la Casa Blanca un margen de acción mucho más amplio para desplegar tropas sin la aprobación de un gobernador o de autoridades locales.
El presidente, en su calidad de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, también tiene el poder para federalizar fuerzas policiales en circunstancias excepcionales, especialmente de emergencias o para proteger intereses federales.
Este despliegue constituye un grave mal uso del tiempo y el talento de la Guardia Nacional
Protestas en Washington contra la decisión de Donald Trump de desplegar a la Guardia Nacional. Foto:EFE
El mandato, pese a ello, es limitado. Inicialmente por un período de 48 horas, que expirará este miércoles. Para extenderlo por 30 días, Trump debe informar al Congreso de sus intenciones.
Pero una vez transcurra ese lapso, solo podrá mantener el control de la ciudad si ambas cámaras del Legislativo lo aprueban. Algo que es probable en la Cámara de Representantes, más no en el Senado donde se requieren 60 votos -los republicanos tienen solo 53-.
En otras palabras, y salvo que se tomen medidas extraconstitucionales o se modifique la ley, «la ocupación» de la ciudad sería temporal.
Pero la presencia militar en la capital estadounidense no es un hecho aislado.
No es la primera vez que Trump ordena el despliegue de tropas militares
Este año, Trump ya había enviado 10.000 soldados a la frontera suroeste para frenar la entrada de drogas y migrantes, y 4.700 efectivos —incluidos guardias nacionales y marines— a Los Ángeles para apoyar redadas migratorias y disolver protestas relacionadas -desde entonces ya solo quedan 250 de ellos-
Además, el pasado 8 de agosto se conoció que Trump firmó una directiva secreta autorizando al Pentágono el uso de la fuerza militar para combatir ciertos grupos criminales en Latinoamérica que su gobierno acaba de reclasificar como organizaciones terroristas.
Nuestras fuerzas armadas están entrenadas para defender a la nación de amenazas externas y asistir a las comunidades durante desastres o emergencias, no para realizar labores policiales domésticas cotidianas
Policías desplegados en Washington Foto:EFE
Sus críticos ven en esto una estrategia peligrosa que está redefiniendo el rol de los uniformados en el país.
«Ya sea en materia de inmigración, en la lucha contra los carteles de la droga o en la delincuencia en Washington, está muy claro, al menos para mí, que esta administración considera a las fuerzas armadas como una solución universal para el logro de sus prioridades políticas internas” afirma Carrie Lee, exdirectora del Departamento de Seguridad Nacional y Estrategia de la Escuela de Guerra del Ejército.
La Constitución y la Ley Posse Comitatus de 1878 prohíben que las Fuerzas Armadas cumplan funciones policiales domésticas, salvo en casos excepcionales autorizados por el Congreso o el presidente bajo marcos legales como la Ley de Insurrección.
La Guardia Nacional, cuando está bajo control estatal, puede actuar en apoyo a la policía local; pero una vez federalizada, pasa a formar parte del aparato militar nacional, quedando sujeta a las órdenes presidenciales.
Un grupo de policías de Amtrak patrulla la estación Union Station en Washington. Foto:EFE
¿Qué consecuencias podría traer la decisión de Trump?
El problema, según analistas, no es solo legal, sino estratégico: poner a soldados entrenados para la guerra en escenarios de seguridad ciudadana puede alterar la relación histórica entre la población y sus fuerzas armadas, minar la confianza pública y politizar una institución que tradicionalmente se ha mantenido apartada de la arena partidista.
Si bien el Pentágono aseguró que la guardia no realizarán tareas de patrullaje policial, sino de apoyo logístico y transporte, funcionarios militares reconocieron que podrían detener temporalmente a personas hasta que lleguen agentes federales, y estarán armados con autorización para defenderse.
“Nuestras fuerzas armadas están entrenadas para defender a la nación de amenazas externas y asistir a las comunidades durante desastres o emergencias, no para realizar labores policiales domésticas cotidianas. Este despliegue constituye un grave mal uso del tiempo y el talento de la Guardia Nacional”, declaró el senador Jack Reed, el demócrata de mayor rango en el Comité de las Fuerzas Armadas en el Senado estadounidense.
Protestas en Washington contra la decisión de Donald Trump de desplegar a la Guardia Nacional. Foto:EFE
La administración, por su parte, alega que el presidente tiene el deber de garantizar la seguridad en la sede del Gobierno federal y que el despliegue de militares envía un mensaje de fuerza y disuasión a los delincuentes.
En palabras de sus portavoces, el objetivo es “proteger el corazón político del país” y “garantizar que Washington sea un lugar seguro para todos los estadounidenses”, aun si eso implica recurrir a instrumentos militares en contextos tradicionalmente reservados a la policía.
SERGIO GÓMEZ MASERI – Corresponsal de EL TIEMPO – Washington
