
STAFF/ J. Alberto Infante-@JALRAIN1
Comuneros de San Miguel del Monte, comunidad perteneciente al municipio de Morelia, denunciaron irregularidades de parte del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), en el proceso de toma de votos para determinar si se convierten en autogobierno.
Durante la toma de las instalaciones del IEM, en Morelia, el vocero del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), Pavel Ullianov, detalló que esta consulta se ha retrasado durante un año, aún cuando el plazo que marca la ley es de 15 días.
Según sus palabras, les ha dicho el instituto que hacían falta algunos requisitos y de parte de la comunidad aseguran, que ya se cumplieron.
También comentó que se había atrasado este proceso electoral debido a las elecciones del Poder Judicial, y parte del periodo vacacional del personal del IEM, aún así, les anunciaron que el proceso se retomará el 24 de agosto.

Lo que provocó que se realizará está toma, informó Pavel Ulianov, fue que la consulta se hará en urnas y no a mano alzada, como se acostumbra en las asambleas generales, lo que señalaron de hacer las cosas a «oscuras» y que de no cambiarse esta forma de consulta seguirán haciendo acciones como la de este lunes.
Cabe mencionar, que desde agosto del 2024, anunciaron comuneros Matlazincas o Pirindas, que buscarían convertirse en la primer comunidad de Morelia, en ser autogobierno, para poder recuperar los manantiales que abastecen al pueblo del agua, mismos ojos de agua, que mantienen bajo su resguardo.
Cómo dato adicional, el año pasado la tenencia de Cápula y San Nicolás de Obispo, pertenecientes a la capital Michoacana, tuvieron sus propias asambleas, mismas que abrumadoramente, rechazaron independizarse de la administración moreliana, y continúan formando parte del ayuntamiento.


En este sentido, también ocurrieron situaciones de tinte político, pues se vieron involucrados funcionarios públicos estatales, quienes promovieron el voto a favor del autogobierno, mismos que fueron retirados por las personas de las comunidades. Lo que derivo en un decreto estatal que prohíbe a los implicados tanto estatales como municipales intervenir, a favor, ni en contra cuando se den estos procesos.