Venezuela es el único país de la región que tiene una investigación abierta en la Corte Penal Internacional (CPI) por la comisión de crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, aunque el proceso ha avanzado a paso lento, las dudas sobre la imparcialidad del fiscal del ente internacional Karim Khan terminaron esta semana por separarlo de la misma.
La CPI le pidió a Khan apartarse de la investigación sobre Venezuela en un plazo de tres semanas dado que su cuñada Venkateswari Alagendra fue contratada para integrar el equipo legal de Nicolás Maduro para defenderse en la CPI.
Analizamos la decisión y el impacto que tendrá la misma para el seguimiento en la investigación en Venezuela.
¿Qué implicaciones tiene esta decisión?
Policía antidisturbios utiliza gases lacrimógenos contra manifestantes durante protesta en Caracas. Foto:AFP
Pese a que Khan aseguró que no ha comunicado en absoluto sus hallazgos con su familiar, para la CPI no fue suficiente su palabra, por lo que ahora se abre un nuevo capítulo de la investigación.
Sin embargo, el funcionario también estaba separado de su cargo por acusaciones de acoso sexual.
En mayo de este año, tuvo que separarse de sus funciones hasta que se esclarecieran los hechos por comportamiento sexual inapropiado con una miembro de su oficina.
La investigación contra gobierno de Venezuela no se detiene
La investigación del Caso Venezuela I continúa bajo la dirección de los fiscales adjuntos de la CPI, Mame Mandiaye Niang y Nazhat Shameem Khan. Karim Khan ya estaba separado temporalmente de su cargo por una investigación interna de acoso, por lo que su recusación no afecta el avance del proceso.
“Si termina de irse, que es lo que muchos esperan, se abriría un proceso de elección por parte de la Asamblea de Estados Parte para elegir a alguien y, muy probablemente, mientras dure ese proceso, los fiscales adjuntos se abstengan de tomar medidas aunque legalmente podrían hacerlo”, dice a EL TIEMPO, Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia.
Muy probablemente, mientras dure ese proceso, los fiscales adjuntos se abstengan de tomar medidas aunque legalmente podrían hacerlo
Daniels también recuerda que no hay un lapso para la elección y que la última vez duró varios meses, cuando Khan sustituyó a Fatou Bom Bensouda, a quien defensores venezolanos la acusaron de tener una relación de amistad con la embajadora de Venezuela en la Corte Penal, Haifa Aissami Madah, hermana del exvicepresidente de la República, Tareck El Aissami, quien hoy está preso acusado por el chavismo de cometer delito de corrupción en Petróleos de Venezuela.
¿Cuáles son las consecuencias futuras de la salida de Khan?
Karim Khan junto a Nicolás Maduro durante una visita en Caracas. Foto:EFE/ Prensa de Miraflores
Si Khan fuera absuelto de la investigación por acoso y regresara a su puesto como fiscal jefe, no podría retomar el Caso Venezuela I. La decisión de la Sala de Apelaciones es definitiva y el caso permanecería a cargo de los fiscales adjuntos.
Fundamento legal: La orden de recusación se basa en la regla 35 de las Reglas de Procedimiento y Prueba de la CPI, que aborda los procedimientos para la recusación de un fiscal.
Garantía de continuidad: La designación de los dos fiscales adjuntos asegura que las investigaciones de la CPI, incluyendo el Caso Venezuela I, continúen sin interrupciones, incluso con la separación del fiscal principal.
Preos Políticos en Venezuela. Foto:EFE
¿En qué consiste es la investigación contra Venezuela por crímenes de lesa humanidad?
En el año 2021, las organizaciones de derechos humanos y víctimas, calificaron de histórico el anuncio del fiscal Khan, de finalizar la fase de examen preliminar para dar inicio a una investigación formal contra el Estado venezolano por delitos de lesa humanidad.
El 3 de noviembre de ese año, en una visita de tres día a Venezuela, el fiscal sostuvo reuniones con las diferentes instituciones del Gobierno de Nicolás Maduro en una agenda que no fue pública y que finalizó en el Palacio de Miraflores con la firma de un memorando de entendimiento signado por el mandatario nacional y el fiscal.
El documento, según lo relatado por las partes, detalla que la apertura de la investigación es “para establecer la verdad de conformidad con el Estatuto de Roma”.
El país puede pedir, en los casos que se vayan a presentar, que se les permita ser juzgados en el país, pero eso no quiere decir que expresamente vaya a ocurrir
En ese sentido, el examen preliminar que la CPI abrió en 2018, pasa a la siguiente fase. “Les pido a todos, a medida que entramos en esta nueva etapa, que den a mi oficina el espacio para hacer su trabajo”, comentó el fiscal durante el encuentro con Maduro.
El documento expresaba que en esa fase preliminar no se había identificado “a ningún sospechoso ni a ningún objetivo y que la investigación tiene por objeto determinar la verdad y si existen o no motivos para formular cargos contra alguna persona”.
“Esperábamos que el pase a investigación no ocurriera en el corto plazo”, afirmó ese año, Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, quien destacó que el acuerdo de colaboración reconoce que los esfuerzos de investigación que se hacen en Venezuela son insuficientes.
“El país puede pedir, en los casos que se vayan a presentar, que se les permita ser juzgados en el país, pero eso no quiere decir que expresamente vaya a ocurrir”, agregó Daniels para entonces.
El Caso Venezuela I investiga presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país en las protestas de 2014. La investigación se centra en los actos de represión de protestas y otras situaciones políticas que tuvieron lugar en ese periodo.
ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN
CORRESPONSAL EL TIEMPO
CARACAS
