Según expertos como Douglas Spencer, profesor de derecho constitucional en la Universidad de Colorado, quien habló con El Nuevo Herald, “la redistribución de distritos, que debería traducir votos en representación, se está convirtiendo en un juego de poder”.
Un movimiento con impacto nacional
La posibilidad de que Florida modifique su mapa se da en un contexto de presión del presidente Donald Trump, quien busca garantizar una mayoría republicana en la Cámara de Representantes durante las elecciones de medio término.
Florida, con 28 distritos, se convirtió en un terreno clave: el actual diseño favorece a los republicanos en 20 de ellos.
Amy Keith, directora de Common Cause Florida, calificó de “hipócrita” la postura de DeSantis: “El gobernador acaba de obtener el mapa que quería y ahora dice que podría cambiarlo”.
Para los críticos, el rediseño también reduciría la representación de minorías, como ocurrió cuando se desmanteló un distrito de mayoría negra en el norte del estado.
En 2010, los votantes aprobaron la enmienda constitucional Fair Districts Florida, que prohíbe elaborar mapas que favorezcan a un partido político y exige proteger la igualdad de oportunidades de las minorías.
Sin embargo, la Corte Suprema de EE. UU. determinó en 2019 que la manipulación partidista es un asunto exclusivo de los tribunales estatales, lo que deja a Florida como juez de su propio destino electoral.
DeSantis fue claro al respecto. Foto:Facebook Governor Ron DeSantis
Dan Vicuña, de Common Cause, advirtió que los grupos cívicos no necesitan pruebas directas de intención política: “Podemos recurrir a herramientas estadísticas que evidencien inclinaciones partidistas imposibles de atribuir al azar”.
Otro elemento que refuerza la estrategia es el debate sobre el censo. DeSantis manifestó su preocupación por un subregistro en 2020 que, según Jeff Kottkamp de Florida TaxWatch, costó miles de millones de dólares en financiamiento federal.
El gobernador incluso sugirió excluir a personas sin ciudadanía del conteo, una medida que podría reducir la representación en estados con alta población inmigrante.
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