La propuesta se dio a conocer durante una mesa redonda sobre educación en Tampa, donde DeSantis sostuvo que incluir a personas sin ciudadanía en el conteo nacional “es inconstitucional”.
A su lado, el exsecretario de Comercio de la era Trump, Howard Lutnick, respaldó la iniciativa. Ambos coinciden en que el censo de 2020 infló los números de estados que, según ellos, “violaron las leyes de inmigración”.
De acuerdo con WFLA News, el punto más controvertido radica en una interpretación del texto constitucional. El Artículo 2 de la Enmienda 14 establece que se debe contar el “número total de personas en cada estado”, sin diferenciar entre ciudadanos y no ciudadanos.
Para el consultor Steve Jost, del Proyecto Censo, la iniciativa de DeSantis es directamente “contraria a la Constitución”. Además, alertó que organizar un censo requiere años de planificación, y que sería “inaudito” intentarlo con tan poco tiempo.
Diversas entidades, como la American Civil Liberties Union (ACLU), señalaron que excluir a inmigrantes indocumentados no solo es ilegal, sino que pone en riesgo la distribución justa de más de 1.500 programas federales que dependen del conteo censal.
DeSantis ya tiene su opinión al respecto. Foto:Facebook Governor Ron DeSantis
Más allá del plano jurídico, lo que está en disputa son recursos millonarios y bancas en el Congreso. Desde 1790, el censo incluyó a todas las personas residentes, sin importar su estatus migratorio. Cambiar esta regla implicaría un impacto en la representación de Florida y otros estados con alta población inmigrante.
El representante republicano Chuck Edwards, uno de los promotores de la ley que busca excluir a personas sin ciudadanía, argumenta que el término “personas” es ambiguo. Pero esa interpretación fue rechazada por cortes anteriores, incluida la Corte Suprema en 2019, cuando vetó la inclusión de una pregunta sobre ciudadanía en el censo.
La propuesta de DeSantis aún no fue formalizada en una legislación estatal, pero la presión política ya comenzó. El senador Rick Scott copatrocina un proyecto en el Senado nacional con objetivos similares, lo que podría anticipar un litigio a nivel federal.
Mientras tanto, organizaciones como Florida Immigrant Coalition advierten que este tipo de iniciativas generan temor en las comunidades y afectan la participación cívica. “Están deslegitimando a nuestras familias para ganar poder político”, expresó su vocero, Carlos Hernández.
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