La designación de un cuadro cercano a Omar García Harfuch al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no sólo implica un cambio estratégico, sino la consolidación de un círculo de confianza que la presidenta Claudia Sheinbaum ha ido tejiendo metódicamente desde Palacio Nacional. No es casualidad: la vieja consigna de los “abrazos, no balazos” terminó agotada, víctima de su permisividad frente al crimen organizado y de una realidad que exige acción decidida, inteligencia y músculo institucional. Ahora, el control de las áreas clave de seguridad a nivel federal está, por fin, en manos de quienes han demostrado capacidad operativa y conocimiento real del territorio criminal.
El nuevo titular de la UIF proviene del núcleo duro que acompañó a Harfuch, primero en la Policía Federal y luego en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Este relevo significa enfrentar al crimen con inteligencia, siguiendo el rastro del dinero que financia extorsión, secuestro y narcotráfico. El objetivo es estrangular las finanzas ilícitas y debilitar la estructura de las organizaciones criminales, como ya se hizo con éxito en operaciones emblemáticas contra Los Caballeros Templarios, la Unión Tepito y cárteles que operaban impunemente en la capital.
Bajo la nueva óptica, la política federal de seguridad está dejando atrás las declaraciones ambiguas para transitar a la contundencia: mayor coordinación interinstitucional, fortalecimiento de operativos federales y locales, uso extensivo de inteligencia financiera y trabajos de investigación conjuntos. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ahora alineada estratégicamente con la UIF y otras dependencias, ha implementado operativos simultáneos en distintas regiones clave, además de refrendar acciones focalizadas contra el delito de extorsión, que ha lacrado a comerciantes, transportistas y comunidades enteras.
En materia de reformas, el Congreso aprobó recientemente mayores atribuciones para la UIF, permitiéndole congelar cuentas y colaborar directamente con fiscalías estatales y la FGR en casos de lavado de dinero, “cobro de piso” y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Los operativos recientes en Michoacán y Guerrero, donde se desmantelaron redes de extorsión y narcolaboratorios, marcan una ruta que rompe con el pasado: arrestos de alto impacto, decomiso de bienes y detenciones de operadores financieros, más allá del clásico enfrentamiento armado.
Lo relevante no es si el endurecimiento responde o no a la presión arancelaria del gobierno de Donald Trump —ese pulso siempre estará presente en la relación bilateral—, sino que, por primera vez en años, el control narrativo y decisorio de la seguridad está volviendo a un núcleo civil profesional, respaldado por resultados y no sólo discursos. Claudia Sheinbaum y García Harfuch están reencauzando la política pública de seguridad nacional, enfocando los recursos allí, donde más duele al crimen organizado: en el dinero sucio y en la red de extorsión que durante años operó con virtual impunidad.
Hoy, el Estado comienza a recuperar los territorios —físicos y simbólicos— perdidos ante el crimen. La ciudadanía lo exige, la coyuntura lo exige y, por fin, el gobierno lo empieza a cumplir.
