El primer domingo de junio pasado tuvo lugar la denominada “elección judicial”, un proceso comicial que implicó la elección, en el ámbito federal, de más de 800 juzgadores y, en el local, de más de un centenar. En el segundo caso, quienes resultaron electos rendirán protesta hoy.
El evento solemne –y, en estricto sentido, histórico–, en el cual habrán de rendir protesta quienes resultaron electos en los comicios del pasado mes de junio, tendrá lugar en la sede del Congreso del Estado. En el recinto legislativo se reunirán para ello los tres poderes del Estado.
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Para todo efecto práctico, el de hoy es un hecho que debiera ser consignado entre los sucesos relevantes de nuestra historia. Y no necesariamente porque se trate de un hecho inédito, pues ya antes se han realizado elecciones para designar a quienes deben dirimir las disputas entre particulares y entre estos y la autoridad gubernamental.
Sin embargo, en la historia moderna del Estado no habíamos sido convocados a una elección en la cual los “candidatos” por los cuales debíamos votar fueran quienes aspiraran a ocupar una magistratura en el Tribunal Superior de Justicia o un juzgado en el territorio estatal.
Más allá de lo anecdótico, la pregunta que resulta obligada realizar –y que demanda una respuesta puntual– es si del proceso electoral que vivimos el pasado mes de junio ha surgido un “nuevo” Poder Judicial en el país y, en particular, en Coahuila.
El cuestionamiento anterior no puede responderse atendiendo solamente al hecho de que, quienes hoy rendirán protesta ante el Poder Legislativo de Coahuila, han surgido de un proceso inédito, sino planteándose si las reglas a partir de las cuales se les eligió dibujan una nueva estructura en materia de impartición de justicia.
Porque, en todo caso, lo que importa es que el Poder Judicial, uno de los tres poderes del sistema democrático, actúe realmente como uno que permita a la ciudadanía acceder a la posibilidad de que las controversias surgidas a partir de la confrontación de posiciones se diriman de acuerdo con el ideal de imparcialidad que nos promete la Constitución.
Tal principio, resulta obligado decirlo, no se garantiza con el simple hecho de que los futuros juzgadores hayan sido electos por el voto popular. Menos aún cuando la forma en la cual se desarrollaron los comicios recientes dejó mucho que desear en términos de calidad democrática.
En el caso específico de Coahuila, además, las reglas definidas por el Poder Legislativo para esta elección se encuentran lejos de cumplir con las expectativas de una elección que deje en manos de la ciudadanía la decisión de quiénes ocuparán los cargos que estuvieron en disputa.
Así pues, lo que queda es esperar a ver la actuación de quienes hoy asumirán, formalmente, el cargo que, al menos en teoría, les ha encomendado la voluntad popular y disponernos a evaluar, a partir de sus sentencias, el desempeño que tendrán en la tarea que asuman.
