En las semanas previas a la elección judicial de junio pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum condujo reuniones privadas de coordinación en Palacio, con funcionarios y líderes partidistas, en busca de garantizar la mayor votación posible en el proceso. Lo que surgió de ello fue una radiografía sobre las debilidades de operación política del régimen y un listado de actores que dentro y fuera del obradorismo buscan jugar a las vencidas con la mandataria para impulsar proyectos personales o de facción.
De acuerdo con testigos directos de estas reuniones, el balance puso en duda las destrezas actuales del liderazgo de Morena y sus partidos satélite, así como la afinidad de actores clave como gobernadores y dirigencias legislativas. La supuesta afiliación masiva de 10 millones de simpatizantes morenistas y el efecto en 20 millones de beneficiados de los programas sociales quedó en predicamento ante una votación por debajo del 13 por ciento del padrón.
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Ello empieza a generar reacomodos en la estrategia que el oficialismo observará hacia la gigantesca elección del 2027, que renovará la Cámara de Diputados federal, 16 gubernaturas y Congresos locales, entre miles de posiciones más. Tras los fracasos en los comicios locales de Coahuila y Veracruz, deberá esperarse un papel más protagónico de Palacio en este ámbito.
Fuentes enteradas creen ver efectos colaterales de la accidentada elección judicial en la crisis del todavía coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, o en los escándalos por las vacaciones de lujo de Andrés “Andy” López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador; Mario Delgado, secretario de Educación, así como de Ricardo Monreal, líder parlamentario en San Lázaro.
Los referidos encuentros en Palacio incluyeron, entre otros, a las secretarias del Bienestar, Adriana Montiel; de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; a la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, y al secretario de Organización, el citado “Andy” López Beltrán. Cada uno de ellos rendía un informe de avances, salvo este último, que se concretaba a entregar una hoja de papel a la Presidenta.
En un segundo espacio, la Secretaría de Gobernación, participaron funcionarios designados como operadores del proceso en las cinco circunscripciones electorales del país: Entre ellos destacó, en una primera etapa, Carlos Ulloa, a cargo de la cuarta circunscripción; Néstor Núñez, en la segunda; Alejandro Peña Villa, en la quinta; Jesús Valencia, en la primera, y Juan Hugo de la Rosa, en la tercera.
Todos estos actores, en sus respectivos ámbitos, fueron reportando avances en el reparto de los “acordeones informativos”, presumiblemente en comunicación con los gobernantes morenistas en los estados, o de oposición previas negociaciones, pero igualmente alertaron sobre resistencias, o de “acordeones” contrapuestos, impulsados por mandatarios estatales y otros liderazgos.
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Los nueve aspirantes que figuraron en los “acordeones” oficiales lograron su elección y estarán en el máximo tribunal. Pero Sara Irene Herrerías estuvo a punto de ser derrotada bajo la presión de los bloques internos de Morena y otros actores. El listado de señalamientos incluyó a Alfonso Durazo, en Sonora, que debilitó la causa de un aspirante de Palacio al Tribunal de Justicia Administrativa); Ricardo Gallardo, en San Luis Potosí, o Rocío Nahle, en Veracruz (desde donde, junto con operadores de Oaxaca, se logró imponer a candidatos propios en la sala regional del tribunal federal electoral).
Igualmente, se reportó el activismo de Arturo Zaldívar, expresidente de la Corte y oficialmente parte del equipo de Palacio, con llamadas a gobernantes para impulsar a la Corte a candidaturas “externas”. Lo mismo ocurrió con Manuel Velasco y otros actores del Partido Verde, con apuesta propia en San Luis Potosí, Chiapas y Quintana Roo.
En la lectura de lo que hoy ocurre, y en lo que venga, habrá que regresar a buscar claves en la historia de la elección judicial.
