La promesa de Donald Trump de ejecutar la mayor operación antiinmigración de Estados Unidos aceleró la demanda de espacios para detener a miles de personas. Esto representa una oportunidad económica para unos, pero un golpe humanitario para otros.
Esta dicotomía se volvió existencial en California City, una depauperada ciudad del estado de California donde se proyecta la apertura del mayor centro de detención de inmigrantes de EU.
CoreCivic, uno de los grupos líderes del sector y propietario de las instalaciones, asegura que el centro, ahora en actividades preliminares, generaría unos 500 empleos y más de 2 millones de dólares en ingresos fiscales para la ciudad.
Muchos de nuestros residentes ya fueron contratados para trabajar en esas instalaciones”, dijo el alcalde de California City, Marquette Hawkins.
“Cualquier fuente de ingreso que venga a apoyar a la ciudad en su reconstrucción será vista positivamente”, agregó. Pero para algunos, el precio a pagar es muy alto.
“Sé que tenemos inseguridad alimentaria aquí, la gente tiene que viajar horas para trabajar, y sienten que esto les va a ayudar, sin entender que es la forma más inhumana de tener un trabajo”, dice Inishia White, de la Fundación Dolores Huerta.
Más de 80% de los detenidos está en instalaciones administradas por el sector privado bajo contrato con ICE, expone el proyecto TRAC de la Universidad de Syracuse.
“Las compañías que manejan prisiones privadas están lucrando con el sufrimiento humano”, dijo la congresista Norma Torres.
Kristen Hunsberger, abogada del Centro Jurídico para los Defensores de los Inmigrantes, sostiene que el tratamiento inhumano parece una estrategia para agotar a los migrantes y luego presionarlos para que firmen su deportación.
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