El próximo 1º de septiembre habrá de dar inicio la decimosegunda época del Poder Judicial al instalarse la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal de Disciplina Judicial, así como el llamado Órgano de Administración Judicial; todos integrados por juzgadores surgidos de un proceso electoral inédito y muy cuestionado.
En días recientes, el ministro en retiro José Ramón Cossío y el maestro Jorge Alberto Medellín publicaron un interesante estudio acerca de la elección judicial. El resultado de su análisis es demoledor.
Mediante evidencia técnica y después de revisar los resultados electorales de los comicios, concluyen que fue “extremadamente grave la cooptación electoral y la captura institucional”, ya el padrón mecánico de votación no pudo surgir de manera libre y espontánea de la participación ciudadana.
De acuerdo con el estudio, tan sólo 13.02% del padrón electoral acudió a las urnas, de una lista nominal que asciende a poco menos de 99 millones 600 mil ciudadanos.
Si a esa cifra se le restan los “votos nulos” y las boletas con “recuadros no utilizados”, en realidad sólo 1 de cada 10 mexicanos ejerció un voto válido.
El estudio sostiene que los resultados de las elecciones de ministros y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral , así como de los que integrarán el Tribunal de Disciplina, tienen coincidencias imposibles de lograr. Es decir: “votaron por los mismos, en el mismo orden y en todas partes” de manera coincidente con los “acordeones” que se distribuyeron en todo el país.
El análisis concuerda con lo que fue señalado antes por los observadores de la Organización de Estados Americanos; y concluyen que existe “la presunción indisoluble de un gran fraude electoral de carácter estructural y deliberado”.
Por otra parte, el Instituto Nacional Electoral decidió no anular las elecciones —a pesar de reconocer la existencia y distribución de los “acordeones”— bajo los argumentos de que no tuvieron el tiempo necesario para fiscalizar el origen y monto de los recursos que se emplearon, y que además las irregularidades deben ser graves, plenamente acreditadas y determinantes para el resultado.
Para tratar de contrapesar dicha decisión se les impuso multa a decenas de las candidaturas ganadoras; entre las cuales se incluyeron a las nueve ministras y ministros, así como a todos los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial y de la Sala Superior del Tribunal Electoral.
La iniciativa de reforma constitucional se basó en dos grandes pilares sobre los cuales se justificó la disolución del Poder Judicial: la falta de legitimidad de la que adolecían los juzgadores, que a diferencia de los integrantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo son electos, así como, la corrupción que habían permeado a los órganos jurisdiccionales.
De acuerdo a lo comentado, la poca participación ciudadana en los comicios no les otorgó una legitimidad plena a las personas elegidas, y la imposición de multas a todos los que integrarán los principales órganos del Poder Judicial de la Federación les resta autoridad moral para su próximo desempeño.
Desde la academia se deberán analizar y evaluar los fundamentos frágiles del origen de la nueva Suprema Corte y de los tribunales federales, quienes tendrán que ganarse —con su comportamiento y resoluciones— la legitimidad plena que no obtuvieron mediante los pasados comicios, porque de ello dependerá —en buena medida— la salud de la República.
Como Corolario, la frase del académico norteamericano Mark Tushnet: “El constitucionalismo consiste precisamente en limitar a las mayorías contemporáneas”.
