Mientras que en los primeros días de septiembre próximo la bancada del PRI en la Cámara de Diputados presentará una iniciativa para reforzar la libertad de expresión, abogados constitucionalistas consideran que la imposición de un censor judicial al medio digital “Tribuna de Campeche” viola los artículos sexto y séptimo constitucionales referentes a la manifestación de ideas y a la libertad para emitir opiniones.
“Se están violando los artículos sexto y séptimo, manifestación de las ideas y también esa libertad para emitir opiniones. La Constitución es clara: nadie puede estar sujeto a una censura previa y a una inquisición judicial”, dice Marco Antonio Zeind Chávez, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM.
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Menciona que jamás había existido la figura de censor jurídico como el que se pretende imponer al diario “Tribuna”.
“No tengo registrado algún antecedente de que un Poder Judicial siquiera tuviera entre su plantilla a personas que pudieran dedicarse a revisar lo que pueden o no publicar medios de comunicación. La jueza que impuso esa medida cautelar se puso creativa y está violando flagrantemente la Constitución”, afirma.
Asegura que, ante los casos de censura, México se dirige hacia el autoritarismo. “Estamos en una deriva muy clara de autoritarismo. Tendríamos que empezar a tener fe, y subrayo fe, en la autolimitación de los gobernantes, porque con los números que tiene el partido en el gobierno, con los números que tienen en el gobierno federal, en los gobiernos locales, pues van a tener muchos instrumentos, no solamente para permanecer en el poder, sino para tener cualquier viso autoritario ante cualquier expresión de disidencia en la sociedad”.
Durante su informe de gobierno, la gobernadora Layda Sansores insistió en que en Campeche existe la libertad de expresión.
“En Campeche hay libertad de expresión. Hay seudoperiodistas que confunden la libertad de expresión con la libertad de agresión, y aquí en Campeche se ha dado de una manera pareciera contagiosa peor que el sarampión.
”Y odiar a una mujer, burlarse de ella por su edad o por su físico, lo hicimos como parte de nuestra cultura. No podemos permitir que la misoginia que incita el odio hacia las mujeres, que destruye sociedades, se normalice”, dijo.
Exdirector de la Facultad de Derecho, el constitucionalista Raúl Contreras Bustamante expresa a EL UNIVERSAL que lo que se está viviendo en Campeche es lamentable y corre el riesgo de replicarse en otras entidades del país.
”Lo que estamos viendo en Campeche es muy lamentable porque además puede presentar un mal precedente que puede ser imitado en otros estados, en otras entidades federativas. Y de hecho ya hay muchos casos en Tlaxcala, Veracruz, Guerrero y otros estados.
”Están aprovechando un momento político donde no tenemos el Poder Judicial plenamente en funciones, por lo que todo lo están haciendo los tribunales electorales que sienten que tienen todas las potestades porque son la última opinión en materia electoral, aunque están violando derechos ciudadanos”, expone el especialista.
Asevera que los derechos, como la libertad de expresión, “no son dados por obra y gracia del Espíritu Santo, al ser conquistas sociales que han costado mucho trabajo, muchos siglos y hasta sangre. Hoy tenemos que defender esas conquistas porque siempre habrá la tentación de limitarlos”.
Considera que “en términos políticos es una insensatez (…) tratar de acallar a la opinión pública y la libertad de expresión. Los gobernantes son electos por los ciudadanos que se expresan de manera física el día que van a las elecciones y votan por ellos.
”Cuando alguien llega a un cargo público, tiene que recordar que se debe a la libertad de expresión de los ciudadanos y la tendría que respetar de manera plena porque, finalmente, la libertad de expresión ayuda a gobernar”, refiere.
Para Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y también catedrático de la UNAM, la imposición del censor judicial “es un atentado flagrante contra la esencia del Estado Constitucional y Democrático de Derecho. La imposición de un censor judicial para revisar previamente contenidos periodísticos —bajo el disfraz de una ‘medida cautelar’— configura una censura previa directa, expresamente prohibida por la Constitución Federal (Art. 7°) y la Convención Americana de Derechos Humanos (Art. 13)”.
Destaca que, con distintos casos de censura, México avanza hacia un autoritarismo judicializado.
”Casos como Campeche, Sonora o Puebla muestran un patrón: usar figuras legales [medidas cautelares, violencia política contra las mujeres, delitos contra el honor o daño moral] para silenciar críticas. Los medios están en riesgo extremo: esta censura sienta un precedente para normalizar la vigilancia de contenidos por parte del Estado con la complacencia de jueces. ¿Cómo es posible que un juez pueda designar ‘censores’? ¿En dónde queda la prensa libre?”, añade.
Considera que, aunque la libertad de expresión “no se extingue en absoluto, sufre una asfixia lenta y sistémica. La censura previa es la aniquilación de este derecho: sin libertad de expresión y sin crítica al poder, no hay democracia constitucional. México es un país peligroso para ejercer el periodismo libre y ahora se suma la persecución legal. Esto no es sólo un retroceso: es la construcción de una ‘dictadura constitucional’”.
Resalta, además, que lo ocurrido en Campeche no es un error judicial, sino un paso más en el debilitamiento del constitucionalismo de México. “Cuando un juez avala la censura previa, traiciona su función de garante y se convierte en cómplice del autoritarismo. Frente a esto, la sociedad debe recordar las palabras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: ‘la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática’. Permitir su aniquilación es firmar la sentencia de muerte de la República”, externa.
Hace un par de días, el periodista Jorge González Velez dio a conocer que la jueza Edelmira Jaqueline Cervera Sánchez le ordenó a “Tribuna” entregar, en un plazo de 48 horas, el nombre y datos de la persona responsable de las redes sociales de ese medio digital para someterlo a un censor judicial.
Para el coordinador de la bancada priista, el coahuilense Rubén Moreira Valdez, esa medida cautelar impuesta a “Tribuna” es inusitada y una especie de práctica inquisitorial para acallar las voces críticas del gobierno de la morenista Layda Sansores San Román. “La gobernadora ha tenido una pésima administración. En su informe de gobierno tendrá que reconocer que el Producto Interno Bruto, ahí en Campeche, cayó este año en un 16%. Esto es brutal”.
El legislador opina que, con los actos de censura, la libertad de expresión en México está muriendo y está llevando al país al tiempo del Porfiriato.
“Poco a poco la libertad de prensa en este país se está muriendo y, si se acaba, también se termina el derecho de los ciudadanos a estar informados. Porque muchas veces se cree que la censura perjudica a los periodistas y no es así. Como país estamos yendo directo al Porfiriato, por lo que hay que levantar la voz para que no nos silencien”, asegura.
Moreira Valdez menciona que, ante esta andanada de brotes de censura en distintas partes del país, la bancada priista en el recinto de San Lázaro presentará una iniciativa para reforzar la libertad de expresión.
”Por esa ruta iremos. Estamos preparando una reforma constitucional que refuerce la libertad de expresión y el derecho a estar informado. Con esta propuesta buscamos eliminar los delitos contra el honor. Pondremos esta iniciativa sobre la mesa y si las demás fracciones de oposición quieren sumarse, serán bienvenidas”, añade.
Según Artículo 19, en los últimos 18 meses al menos 27 periodistas han sido víctimas de censura y acoso judicial por sus críticas a funcionarios, gobernadores y legisladores ligados al partido hegemónico. Es decir, se registra un caso de censura cada tres semanas.
El organismo internacional señala que estos casos incluyeron litigios y demandas por daño moral, así como acusaciones de violencia política de género para frenar investigaciones sobre actores políticos.
En tanto, el diputado federal del PAN, Federico Döring, señala que la bancada albiazul ya presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para eliminar las sanciones de pedir disculpas en redes sociales cuando el presunto agravio surgió en esas redes.
”También esta iniciativa busca acotar la figura de violencia política de género para que, si hay quejas en este sentido, no quieran obligar al periodista o al medio, como pasó con Héctor de Mauleón y El Universal, a eliminar una nota o la información. También tenemos lista otra iniciativa, que elaboré junto con el diputado Germán Martínez, para crear al ómbudsman de la libertad de prensa y derecho a la información. En pocas palabras, se busca impulsar una fiscalía para defender a periodistas”.
Y es que, a decir de Döring, la censura está llegando a niveles que jamás se habían visto.
”Ni en las épocas más rancias se había visto algo similar”, dice.
Precisa que hablará con las otras bancadas de oposición de la Cámara de Diputados para presentar iniciativas juntos, porque argumenta que “no es lo mismo presentarla cada uno por su lado a que haya compromisos de carácter electoral, las tres fuerzas de oposición, PRI, PAN y MC, demuestren que están a favor de la libertad de prensa y el derecho a la información”. Porque, añade, ya no se puede permitir la creación de figuras para silenciar a los medios de comunicación.
