Un tribunal estadounidense ratificó en la noche del viernes la decisión de una jueza federal de julio que prohíbe la discriminación racial en las violentas detenciones de inmigrantes en Los Ángeles, que se han multiplicado en el sur de California desde junio.
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Las redadas se incrementaron en Los Ángeles. Foto:Istock / Akron
Tres jueces de un tribunal de apelaciones de la megaciudad avalaron a la jueza de primera instancia Maame Ewusi-Mensah Frimpong, quien el 11 de julio falló a favor de una denuncia presentada por varios migrantes extranjeros, dos ciudadanos estadounidenses y diversas asociaciones.
Los denunciantes aseguraron entonces haber sido víctimas de discriminación racial y haber experimentado obstáculos y obstrucciones para acceder a asistencia legal durante su detención.
La jueza Frimpong hizo mención a la «montaña de pruebas presentadas» por los demandantes.
«Esta es una confirmación más de que la invasión paramilitar de Los Ángeles por parte de la administración (del presidente Donald) Trump violó la Constitución y causó daños irreparables en toda la región«, comentó Mohammad Tajsar, abogado de la organización de derechos civiles ACLU, en un comunicado.
El ICE hace redadas en las comunidades. Foto:iStock
En Los Ángeles y otros seis condados de California, la Agencia Federal de Inmigración y Refugiados (ICE) ya no podrá realizar detenciones que estén motivadas en cuatro factores:
el origen étnico de la persona, que hable español o inglés con acento extranjero, su ocupación o el hecho de que se encuentre en lugares como una parada de autobús, un lavadero de autos, una granja o una ferretería.
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La intensificación de las redadas policiales en este tipo de sitios donde trabajan latinoamericanos ha sido motivo de controversia en Los Ángeles desde principios de junio.
El gobierno de Trump ordenó el despliegue de la Guardia Nacional contra la voluntad del gobernador demócrata de California, Gavin Newsom.
Migrantes documentados e indocumentados han sido detenidos. Foto:ICE
La inmigración proporciona mano de obra esencial al sector agrícola estadounidense. El 42 % de los trabajadores agrícolas no tienen autorización para trabajar en el país, según un estudio de 2022 del Departamento de Agricultura.
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