La fotografía de una maestra indefensa rodeada por hombres armados y su posterior muerte violenta describe a México y la orfandad en la que viven sus habitantes. La retirada del Estado ordenada por el gobierno pasado ha sido inmortalizada. Es la puerta de entrada a una realidad compleja. El Instituto para la Economía y la Paz, en su índice de Paz México 2025, calculó que el impacto económico de la violencia, tan sólo en 2024, fue de 4.5 billones de pesos (18% del PIB), equivalente a 33,905 pesos por habitante.
Por su impacto en las familias y en el entorno de sus ciudades y comunidades, los homicidios representaron 38% de ese costo, es decir, 1.7 billones de pesos, todo ello en un contexto en el que el gasto público en seguridad y justicia se redujo 30% entre 2015-2024 y representó apenas 0.7% del PIB en 2024, menos de la mitad del promedio de América Latina y de los países de la OCDE, de acuerdo con esta organización internacional que midió el impacto económico de la violencia.
Por ejemplo, el costo per cápita varía de acuerdo con dichos niveles. Yucatán, 12,309 pesos, que tiene los niveles más bajos de violencia; mientras que Colima fue de 89,916 pesos, Morelos y Guerrero superan 35% de su PIB.
A pesar de las mejoras moderadas registradas en los últimos cinco años, México es considerablemente menos pacífico que en 2015. En ese periodo, la paz en el país se ha deteriorado 13.4%, con muchos indicadores de delincuencia significativamente más altos que hace una década. Por ejemplo, la tasa de homicidios es 54.7% más alta que en 2015, mientras que la tasa de delitos cometidos con armas de fuego ha aumentado 71.2 por ciento.
“La actividad de la delincuencia organizada sigue siendo el principal impulsor de los niveles extremos de violencia en México. Desde 2007, el número anual estimado de homicidios vinculados a organizaciones criminales se ha multiplicado por más de seis, pasando de, aproximadamente, 3,000 muertes al año a cerca de 18,000 el año pasado”, establece dicho instituto.
Asimismo, resalta el estudio, en la última década el país también experimentó lo que denomina un aumento en las formas domésticas de crímenes de la delincuencia organizada, en particular el narcomenudeo y la extorsión. Las extorsiones han aumentado 45.5% desde 2015, mientras que los delitos de narcomenudeo se han incrementado en más de 161 por ciento.
La resiliencia socioeconómica, medida por la calificación del Índice de Paz Positiva (IPP), se ha deteriorado en un 2.4% en la última década. El instituto expone que este deterioro es mayor que el registrado por la región de Centroamérica y el Caribe, que, en promedio, se deterioró 0.8 por ciento. La Paz Positiva es una medición de las actitudes, instituciones y estructuras que crean y sostienen sociedades pacíficas.
La corrupción y la ineficiencia administrativa son factores clave que impulsan la violencia, dado que contribuyen a la impunidad y limitan los recursos disponibles para combatir el crimen, amén del desmantelamiento del Poder Judicial, que ahora responderá a intereses políticos.
La violencia ha provocado un éxodo interno. El observatorio de desplazamiento interno indica que más de 390,000 personas continúan desplazadas y decenas de miles se suman anualmente. No es exagerado decir que se han vaciado municipios enteros en el norte y occidente del país.
En conclusión, las familias sufren pérdidas por robos, secuestros o extorsiones y, además, deben invertir en medidas de seguridad (rejas, alarmas, mudanzas), de acuerdo con el Inegi.
De acuerdo con la Coparmex, empresas de comercio y manufactura enfrentan extorsiones, robos y fraude, lo que implica un costo, en 2023, de 124.3 mil millones de pesos, limitando inversión, empleo y competitividad. La extorsión es el crimen de mayor crecimiento, como denuncia el organismo.
