
Colectivos de familias de personas desaparecidas exigieron al gobierno federal garantizar un proceso “genuinamente colectivo y transparente” para designar a la próxima titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), tras la renuncia de Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, efectiva el 31 de agosto.
En un posicionamiento firmado por más de 100 colectivos, 111 familiares y 16 organizaciones, las y los firmantes señalaron que la renuncia de Reyes Sahagún confirma su perfil inadecuado en el cargo.
“Confirma nuestra postura inicial, que el nombramiento fue ilegítimo, realizado sin consultar a las víctimas y sin que la funcionaria cumpliera con el perfil de experiencia, capacidad y humanidad que necesitamos”, sentenciaron.
Los colectivos consideraron que la salida de la funcionaria, “aunque tardía, es necesaria”, y denunciaron que su gestión “dañó la búsqueda de nuestros seres queridos”.
Afirmaron que el tiempo transcurrido “bajo una dirección incompetente ha significado la agudización del dolor para miles de familias que vieron a la Comisión a la deriva bajo su mandato”.
El posicionamiento también advirtió que la renuncia no resuelve el problema de fondo.
“La salida de la comisionada no es suficiente. Exigimos una rectificación profunda”, recalcaron y pidieron que el próximo nombramiento cumpla con lo establecido en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada.
Entre las condiciones planteadas destacan la realización de “una consulta pública previa, amplia y vinculante con los colectivos de víctimas y personas expertas de todo el país”.
También solicitaron garantizar la participación de las familias en las búsquedas y reforzar la coordinación con fiscalías y otras instituciones para protegerlas durante el trabajo en campo.
“Es urgente que la CNB se enfoque para lo que fue creada, contar con las capacidades, personal especializado y profesional, herramientas y metodologías para la búsqueda de todas las personas desaparecidas en México”, subrayaron.
El comunicado fue firmado por 100 colectivos de búsqueda, 111 familiares de personas desaparecidas, 29 personas solidarias y 16 organizaciones de la sociedad civil.
“No daremos un paso atrás en la defensa de nuestros derechos, así como seguir alzando la voz frente a las necesidades que como país tenemos para la justicia, verdad y localización de nuestros seres queridos”, concluyeron.