Estas son cuatro de las amenazas alrededor del Tren Interoceánico en México | Mongabay

Arnoldo Nicolás Romero era un defensor ambiental. Fue desaparecido el 17 de enero último y su cuerpo fue encontrado cuatro días después. Luchaba contra la deforestación excesiva, la contaminación del agua, la falta de información sobre el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y el bloqueo de la participación activa de las comunidades en torno al Tren Interoceánico, un proyecto que conecta los océanos Pacífico y Atlántico en la parte más angosta de México.

Antes de ser reconocido como autoridad comunitaria, Romero formó parte de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), una agrupación que ha acompañado a ejidatarios, defensores y defensoras en su oposición a la construcción del Tren Interoceánico. Otra de sus integrantes, Juana Inés Ramírez, junto con otras 23 personas defensoras, enfrenta un proceso penal desde 2023 por acciones pacíficas de resistencia contra el proyecto, a pesar de que en ese mismo año se terminó su construcción y entró en operación.

“El asesinato de Arnoldo es un claro ejemplo de la violencia que se está viviendo, como nunca antes se había visto dentro del mismo municipio [San Juan Guichicovi]. Las obras culminaron. El asunto es que hay afectaciones que aún son muy visibles y que no se atendieron. Estamos denunciadas penalmente varias mujeres indígenas”, asegura Ramírez.

Estas son las principales amenazas para las personas defensoras en torno al Tren Interoceánico en México:

Los representantes de las comunidades y defensores de la región de Oaxaca, por donde pasa el Tren Interoceánico, aseguran que la violencia en la zona ha tomado matices nunca antes vistos. Esto ocurrió a partir de la llegada de las empresas y de grupos del crimen organizado, aseguran.

El asesinato de Arnoldo Nicolás Romero es solo una muestra de ello, pues el Estado de Oaxaca es el más peligroso para la defensa de los derechos humanos, según el monitoreo “Alas y raíces”, realizado por diferentes organizaciones civiles de México. De 225 personas defensoras asesinadas en el país entre 2018 y 2024, 58 eran de este territorio, es decir casi el 26 %.

El Tren Interoceánico forma parte del Corredor del Istmo de Tehuantepec, que busca posicionarse como plataforma comercial global modernizando vías y puertos. Su intención es conectar con el Tren Maya, también cuestionado por comunidades, científicos y organizaciones, y la Línea Z que une el Golfo de México con el Pacífico. Una de las razones para la resistencia de las comunidades ante el proyecto es que, según reclaman, se construyó en tramos sin presentar las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) ni la consulta previa.

Para el activista Carlos Beas, “el asesinato del compañero Arnoldo se inscribe en el clima de violencia e inseguridad». «Para nosotros se encendió un foco rojo”, asegura. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Santa María Petapa, San Juan Guichicovi y Matías Romero aumentaron al menos 24 % los asesinatos entre 2018 y 2023, alcanzando su pico en 2019, con 37 casos.

Para Juana Inés Ramírez, esto se vio reflejado con la irrupción de integrantes del crimen organizado en la región y casos como el hallazgo de una fosa clandestina en San Juan Guichicovi en 2021.

“Nos empezamos a dar cuenta porque hubo amenazas hacia algunas autoridades municipales y ejidales. Les empezaron a enviar mensajes vía telefónica, incluso a visitarlos en sus domicilios para que ya no exigieran nada, para que permitieran que se realizaran los trabajos del tren”, señala.

Para la construcción de este proyecto, las autoridades presentaron una Manifestación de Impacto Ambiental de una parte del tramo, según las denuncias. Además, de acuerdo con las comunidades indígenas y organizaciones sociales, realizaron una consulta que no fue previa, informada, de buena fe y en el idioma de las comunidades, como lo estipula el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en la propia Constitución.

Incluso la misma Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) señaló que la obra no era viable ambientalmente, pero terminó autorizando su construcción. Aún está pendiente terminar la Línea K, que conecta Oaxaca con Chiapas, ya que llevaba un 66 % de avance, según el Gobierno de México al momento de la publicación de este artículo, en febrero.

Las comunidades de San Juan Guichicovi, junto a organizaciones sociales y la academia, publicaron en 2024 una Evaluación de Impacto Ambiental, que resalta la biodiversidad y los conocimientos ancestrales. Esto no fue tomado en cuenta por quienes presentaron la documentación para el Corredor Interoceánico.

“Había ciertas inconsistencias en el manifiesto que minimizaba los impactos ambientales en las comunidades, que no tomaba en cuenta el tema de seguridad en las poblaciones”, cuenta Juana Ramírez sobre la falta de información para iniciar las obras del tren.

Las comunidades han denunciado deforestación excesiva y contaminación en las fuentes de agua. Habitantes de San Juan Guichicovi han advertido una tala de árboles por encima de la anunciada por autoridades y la muerte de peces por la contaminación de los ríos Pachiñé y Malatengo, así como varios manantiales, debido a la ampliación de un gasoducto. Afirman que usan el agua para el cultivo del maíz y hortalizas, así como para la ganadería, actividades domésticas y recreativas.

Quienes habitan el territorio de San Juan Guichicovi también identificaron 37 especies de animales en alguna categoría de riesgo o amenazadas, como el serete, el jaguar, el mono araña o el tapir, así como 28 especies de flora y diversidad agrícola que se vieron afectadas por el Tren Interoceánico.

En octubre de 2022, cuando cambió la autoridad ejidal en la comunidad de Mogoñé Viejo, el comisariado local comenzó a reunirse con autoridades locales y federales, sin tomar en cuenta a su asamblea, para avalar las obras del tren, según cuenta Juana Inés Ramírez.

La líder ambientalista explica que cuando entró la maquinaria y comenzaron los trabajos en 2023, iniciaron los conflictos en el territorio.

Empezaron a derribar árboles, a dañar cercados e incluso hasta amenazar a compañeros y compañeras diciéndoles que tenían que desalojar.

Debido a esto las comunidades instauraron el campamento “Tierra y Libertad”, como forma de protesta pacífica en febrero último. “Jamás se bloquearon las vías del tren y fue cuando nos ganamos las denuncias penales”, expresa Juana Ramírez. La defensora agrega que sufrieron amenazas e intimidación por parte de organismos estatales como la Marina y la Policía Estatal. Se enteró de la denuncia en su contra días después del desalojo realizado por policías estatales de Oaxaca, el 28 de abril de 2023.

El abogado José Alberto Cayetano Matus, integrante de Ucizoni y uno de los imputados, explica que existen dos casos de investigación en su contra: una por ataques a las vías de comunicación y otra por invasión al derecho de vía. Asegura que la vía ferroviaria estaba inhabilitada al momento de la protesta, en la que solo se colgaron mantas sin obstruir el paso.

La segunda acusación surgió tras el desalojo. La denuncia fue interpuesta por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), pero debe ser desistida por la Secretaría de Marina.

Tanto Juana Ramírez como José Alberto Cayetano son beneficiarios del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Denuncian la falta de garantías para ejercer su labor y advierten que en Oaxaca ya no se trata solo de un tema legal, sino político, donde persiste el riesgo de judicializaciones, desapariciones o asesinatos. Los recientes homicidios de Arnoldo Nicolás Romero y de las hermanas Adriana y Virginia Ortiz García refuerzan el clima de inseguridad que enfrentan quienes defienden el territorio en México.

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