
Unos 15 desarrolladores inmobiliarios están interesados en construir viviendas con apoyos gubernamentales bajo el esquema de renta.
Se trata de proyectos para construir hasta mil 200 viviendas, indicó a Excélsior Carlos Mackinlay, titular de la empresa gubernamental Servicios Metropolitanos (Servimet).
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Los empresarios podrían construir las viviendas en el esquema de renta con apoyo gubernamental si se adecua la Norma 26, que es un instrumento de desarrollo urbano para impulsar la vivienda asequible y evitar que los capitalinos tengan que desplazarse a vivir a las periferias como efecto de la gentrificación.
Los constructores se benefician de la Norma 26 porque el Gobierno de la Ciudad de México les permite construir uno o dos pisos extra, siempre que el costo de la vivienda no rebase un precio asequible, en particular para los capitalinos que por sus ingresos no califican para un programa gubernamental de vivienda social.
Actualmente, Servimet tiene un catálogo de unas 472 viviendas construidas por empresas privadas con los beneficios de la Norma 26 a un precio que no supera el millón 959 mil pesos.
Sin embargo, estas viviendas sólo se ofrecen en el esquema de venta.
BUSCAN ADECUAR NORMA 26
Mackinlay indicó que están preparando las adecuaciones para que la Norma 26 también permita desarrollar vivienda en renta.
Van a entrar en un esquema con Servimet y vamos a estar adecuando la norma para que ellos puedan entrar”, dijo.
El Gobierno de la Ciudad de México impulsa la construcción de vivienda en renta como una de las acciones de su estrategia para combatir los efectos nocivos de la gentrificación.
Mackinlay informó que luego de unos meses detenidos reiniciaron los trabajos del proyecto gubernamental de vivienda en renta para jóvenes en el predio Doctor Lavista 105, en la colonia Doctores de la alcaldía Cuauhtémoc.
Se trata de 150 viviendas que se construirán en este predio ubicado a unas dos cuadras de la zona surponiente del polígono que conforma el Centro Histórico.
Indicó que el proyecto estuvo detenido por una situación administrativa.
Un tema de transmisión de propiedad entre instancias del propio Gobierno de la Ciudad de México que afortunadamente ya se resolvió y por lo tanto se inició la demolición, un proceso que dura de tres a cuatro meses, y se está avanzando, afortunadamente, bastante bien”, dijo.
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*mcam