Desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de este año con un Congreso de mayoría republicana, la histórica relación entre Colombia y Estados Unidos ha venido en caída libre.
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Los llamados mutuos a consultas de representantes de ambos países desató una nueva tensión. Foto:Archivo EL TIEMPO / Agencias AFP y EFE
El último episodio se presentó esta semana cuando el Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes -controlado por este partido- hizo un profundo recorte del 50 por ciento a los recursos previsto para el país para el año fiscal 2026, que inicia en octubre de este año.
Aunque el Comité reiteró que sigue apreciando el nexo con el país, fue enfático en sus críticas contra el gobierno de Gustavo Petro, acusándolo de “comportamiento errático”, relaciones malignas con otros países y políticas que van en contravía de los intereses económicos y en seguridad de Estados Unidos.
Si se materializa la reducción tras lo que le falta al proceso legislativo –aprobarse en plenaria de la Cámara baja, debatirse con la propuesta presupuestaria independiente del Senado y su aprobación por el total del Congreso- se convertirían en los recursos más bajos para el país en 25 años, cuando EE. UU. comenzó a respaldar el famoso Plan Colombia en el año 2000.
Para ponerlo en contexto, el país venía recibiendo en promedio unos 410 millones de dólares -fue lo percibido para el año fiscal 2024 y 2025- y ahora pasaría a 209 millones de dólares aproximadamente, lo que equivale a una reducción de casi el 70 por ciento en fondos destinados al desarrollo económico y otros programas de corte social (de 210 millones de dólares a 67 millones de dólares, aproximadamente) y otro 25 por ciento para los dirigidos a la lucha contra el narcotráfico.
El congresista republicano, Mario Diaz-Balart. Foto:@UHN_Plus / X
Lo inédito del recorte de ayuda para Colombia
Si bien parte de esos recortes obedecen a un redireccionamiento de la ayuda exterior de EE. UU., que desde el ascenso de Trump se viene alejando de programas que no contribuyan a la seguridad nacional (o su percepción de ella), en el caso de Colombia está muy asociado a las diferencias con el gobierno Petro.
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Algo que el Comité de Apropiaciones dejó muy claro en el texto de la ley y el reporte que lo acompaña y que fue revelado en exclusiva por este diario.
Aunque el proyecto vuelve a incluir condiciones para el desembolso de la ayuda -algo rutinario en legislaciones anteriores- como un reporte que constate que el país está disminuyendo los cultivos de coca, en esta ocasión fue más allá al mencionar temas muy espinosos.
El Comité, por ejemplo, se declara preocupado por los reportes que hablan de un incremento en el consumo de drogas en el país y que incluiría a personas dentro de los más altos “niveles del Gobierno”.
Asimismo, hablan de un deterioro de la seguridad en el país, un incremento de la volatilidad política “como lo demuestra el atentado contra el senado de la oposición y candidato a la presidencia Miguel Uribe”, y la creciente desestabilización del país ante la expansión de las organizaciones criminales y el escalamiento de la violencia regional.
De paso, se muestran preocupados por lo que llaman posibles “violaciones al debido proceso” e irregularidades en el caso contra el expresidente Álvaro Uribe y sugieren que hay serias preguntas sobre la politización e independencia de la justicia en el país.
Las críticas contra la administración Petro, valga aclarar, no son nuevas. De hecho, desde que los republicanos recuperaron el control de la Cámara baja en el 2022 –el mismo año que Petro llegó a la Casa de Nariño- los ataques han venido en aumento.
Imagen de referencia. Brigada antinarcóticos de Colombia atacando un laboratorio de cocaína. Foto:GUILLERMO LEGARIA. AFP
Particularmente, de un grupo de republicanos que representan a la Florida en el Congreso y que desde entonces ocupan cargos de mucho poder. Estos no le perdonan a Petro su estrecha relación con las dictaduras en Venezuela, Cuba y Nicaragua, sus posiciones de izquierda en varios frentes y sus constantes críticas a la política exterior estadounidense.
Mario Díaz-Balart, presidente del subcomité de Apropiaciones de la Cámara baja para la ayuda extranjera – el órgano que se encarga de redactar y autorizar el gasto para todos los países del mundo- es uno de ellos y fue quien desde el año pasado, bajo el liderazgo del Comité, había recomendado la reducción de la ayuda al país en un 50 por ciento.
Pese a ello, el gobierno de Petro había podido navegar la tormenta gracias a su relación con el gobierno demócrata de Joe Biden -que optó por enfocarse más en las coincidencias- y a que este partido aún controlaba el Senado, donde se amortizaban los embates de la Cámara.
Pero, ahora que los republicanos dominan tanto la Casa Blanca como el Congreso las tensiones con Colombia se han vuelto más evidentes.
Hace tan solo 15 días, la administración Trump llamó a consultas urgentes a su encargado de negocios en Bogotá, John McNamara, para revisar el estado de la relación bilateral y en protesta por las declaraciones de Petro contra el secretario de Estado Marco Rubio a quien acusó de ser parte de un complot internacional en su contra.
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Pese a que la crisis se resolvió, Washington ha sido claro en que las diferencias son profundas y se mantienen.
Críticas al gobierno Petro vienen también de los demócratas
Lo más delicado de la situación es que las preocupaciones sobre Colombia también parecen haberse expandido al partido demócrata, que si bien ya las tenía, ahora las ha vuelto más públicas.
A la salida de la audiencia de este miércoles en el Capitolio, varios legisladores de este partido, que hacen del mismo comité de asignaciones, expresaron su alarma por la situación del país y críticas contra el presidente Petro.
EE. UU. denuncia irregularidades en el caso contra el expresidente Álvaro Uribe. Foto:Archivo El Tiempo/Sergio Yate
Entre ellos, Adriano Espaillat, de Nueva Jersey; y Henry Cuéllar, de Texas.
Según Espaillat, si bien no comparte la reducción de recursos para países en Latinoamérica, dijo entender los recortes previstos para Colombia.
“Hay cierta justificación, entre otros motivos, por el incremento del narcotráfico y la violencia política en el país…También entendemos que hay preocupaciones con el actual gobierno en Colombia que se deben discutir, mitigar y que, por tal razón, se han levantado este tipo de medidas», afirmó el congresista de origen dominicano.
Espaillat trajo a colación el reciente atentado contra el senador Miguel Uribe y pidió más diálogo y una conversación sensata entre ambos países.
Cuéllar, por su parte, afirmó que, si bien respeta a Colombia y ha respaldado al país en anteriores ocasiones, EE. UU. no podía seguir enviando dinero a una nación donde sus líderes no se comportan como aliados de Washington.
“No podemos mandar dinero a un país que no toma posiciones con EE. UU.”, dijo el legislador a la salida de la audiencia.
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El embajador en Washington, Daniel García-Peña, trató de dar un parte tranquilidad esta misma semana, resaltado que el proceso de asignaciones en EE.UU. a penas comienza y que las relaciones entre ambos países seguían firmes a nivel institucional pese a las diferencias.
“El año pasado y antepasado también pasó algo similar, pero estamos aquí, precisamente, en el Congreso, hablando con los diferentes congresistas, tanto del Senado como Cámara, republicanos y demócratas, insistiendo en que es una relación estratégica para los dos países y, por lo tanto, vamos a esperar a ver qué pasa”, dijo el embajador.
Pese a sus palabras, el horizonte que se perfila no es el mejor. Actualmente, hay mucha incertidumbre ante la posibilidad de que Trump incremente los aranceles a las exportaciones del país -ya elevadas en un 10 por ciento- y que en septiembre próximo descertifique el desempeño del Gobierno en la lucha contras las drogas, una decisión que acarrearía sanciones.
Todo esto en medio de una impredecible carrera presidencial para los comicios del 2026 en Colombia y en la que Estados Unidos podría tener un rol más que relevante.
SERGIO GÓMEZ MASERI – Corresponsal de EL TIEMPO – WASHINGTON @sergom68
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