Estados Unidos, o al menos uno de sus sectores políticos, tiene sus ojos puestos en el desenlace del proceso judicial que se adelante contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Los desafíos observados en Colombia reflejan un patrón preocupante de amenazas al debido proceso y a la independencia
Esta semana, de hecho, el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes –controlada por el Partido Republicano– se declaró preocupado por posibles violaciones al debido proceso, conflictos de interés y hasta politización del caso.
La advertencia quedó plasmada en el reporte que acompaña su proyecto de ley para el presupuesto del año fiscal 2026 y en el que se reduce la ayuda para el país en un 50 por ciento tras citar discrepancias con el gobierno de Gustavo Petro.
Este es el documento que será aprobado en la Comisión de Apropiaciones del Congreso de EE. UU. Foto:Archivo particular
“El Comité está preocupado por los informes de violaciones al debido proceso e irregularidades judiciales en el caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, incluyendo denuncias de vigilancia no autorizada, negación de derechos de defensa y conflictos de interés», dice el reporte, que fue publicado en primicia por este diario.
«Las dudas sobre una posible politización generan serias preocupaciones sobre el deterioro de la independencia judicial y el Estado de derecho en Colombia. Los desafíos observados en Colombia reflejan un patrón preocupante de amenazas al debido proceso y a la independencia judicial, recordándonos que estos valores democráticos fundamentales deben ser protegidos en todo el mundo”, continúa el documento
Álvaro Uribe, expresidente de Colombia. Foto:Archivo El Tiempo/Sergio Yate
El caso del expresidente y las serias preocupaciones expresadas por el Comité han desatado especulaciones sobre una posible intervención del presidente Donald Trump similar a la que sucedió recientemente con Brasil.
Hace una semana, Trump amenazó a ese país con imponerles un 50 por ciento de arancel a todas las exportaciones a partir de este primero de agosto, en represalia por el proceso judicial que se adelanta contra el expresidente Jair Bolsonaro, que considera un amigo y aliado político.
Este es el documento que será aprobado en la Comisión de Apropiaciones del Congreso de EE. UU. Foto:Archivo particular
A Bolsonaro, que fue presidente entre 2019 y el 2022, se le acusa de promover un golpe de Estado para permanecer en el poder.
Aunque Uribe no es tan cercano a Trump como el expresidente brasileño, sí tiene a muchos simpatizantes en el Congreso y en la nueva administración republicana. Entre ellos, Mario Díaz-Balart, que es el presidente del Subcomité que se encarga de las asignaciones para el extranjero, y el secretario de Estado, Marco Rubio. En ese contexto, algunas voces en Washington sugieren que una decisión adversa contra Uribe podría provocar alguna reacción de la administración o el Congreso.
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