Colombia recibió este sábado a varios cientos de nacionales que estaban presos en Ecuador y que fueron deportados a pie a través de un puente fronterizo, en una acción que causó la protesta diplomática de Bogotá por considerar que el operativo se realizó de forma «unilateral» y sin previo aviso.
El gobierno ecuatoriano tomó esa medida para descongestionar las cárceles, que están bajo control de militares para evitar enfrentamientos entre bandas narco rivales que se disputan el poder en cruentas masacres. Desde 2021 cerca de 500 reclusos murieron en enfrentamientos entre grupos criminales.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha despoblado las cárceles del país desde que, en noviembre de 2023, tomo posesión. Las prisiones tienen capacidad para 30 mil reos. Antes de la llegada de Noboa, había 39 mil presos, en enero de este año eran solo 31 mil.
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La cancillería de Colombia indicó en un comunicado que cerca de 450 colombianos «expulsados» por Ecuador habían cruzado el puente de Rumichaca, principal conexión entre los dos países.
Luego, el organismo estatal a cargo de las prisiones ecuatorianas (SNAI) precisó en un comunicado que está en proceso la deportación de 700 colombianos. En los reclusorios del país se estima que había unas mil 500 personas de esa nacionalidad.
Esta acción reafirma el compromiso del Estado ecuatoriano con la seguridad interna y el orden público», expresó.
Previamente, Diana Pozo, gobernadora de la provincia ecuatoriana de Carchi, donde está el viaducto, dijo a la prensa que «han sido deportados más de ochocientos» colombianos.
Dura odisea en la cárcel
Bajo el resguardo de decenas de policías y militares de Ecuador, los reclusos con uniformes naranjas hicieron fila para ingresar a Colombia.
En la madrugada, algunos deportados que llevaban pantalones cortos y camisetas realizaron ejercicios físicos para combatir el frío andino. «Queremos pasar, queremos pasar», gritaron mientras esperaban que las autoridades colombianas los recibieran.
En el lado colombiano de Rumichaca, que pertenece al municipio de Ipiales, Juan Ramírez relató que permaneció 15 meses en una celda de la penitenciaría de Latacunga, donde escasea la alimentación para la población.
Fue dura esa odisea allá adentro. Más de uno de mis compañeros murió de hambre», expresó.
«Nos expulsaron para Colombia y acá estamos. Ya por lo menos nos trajeron, nos tiraron acá. Ni siquiera Migración de Colombia sabía que veníamos para acá, eso fue de un momento a otro imprevisto».
La cancillería colombiana presentó el viernes una nota de protesta diplomática ante Quito por considerar que la deportación se realizó de «manera unilateral» e «incumpliendo» el derecho internacional.
Quedarán libres
«Hemos realizado un trabajo interinstitucional con Migración de Colombia y Ecuador para que este proceso de deportación sea ágil y que no haya un colapso en el puente», manifestó Pozo.
Sin embargo, las autoridades colombianas aseguran que no fueron notificadas de las deportaciones.
«No teníamos un plan de contingencia» para recibirlos, sostuvo el secretario de Gobierno de municipio colombiano de Ipiales, Juan Morales.
Tuvimos que generarlo a última hora para poder apoyar y hacer la atención humanitaria», agregó.
El alcalde de Ipiales, Amilcar Pantoja, indicó el viernes que los presos quedarán libres si no tienen procesos judiciales pendientes en Colombia.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia señaló en un comunicado que Quito inició la deportación «desatendiendo las respetuosas y reiteradas» solicitudes para generar antes un protocolo. Además tildó la medida de «gesto inamistoso».
Bogotá movilizó a su canciller encargada, Rosa Villavicencio, hasta Rumichaca para atender la situación.
La cancillería ecuatoriana indicó este sábado en un comunicado que las deportaciones fueron anunciadas a Bogotá desde el 8 de julio, que se realizan con «respeto a los derechos humanos» y tras revisión individual del caso de cada preso, por lo que «rechaza (…) la afirmación de una supuesta deportación colectiva».
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Noboa expresó en 2024 su deseo de deportar a reos colombianos para descongestionar las prisiones. En abril, unos pequeños grupos empezaron a ser trasladados hasta la frontera.
Su homólogo Gustavo Petro mostró su desacuerdo e indicó que debía establecerse un plan conjunto para respetar sus derechos.
Con información de AFP.
