Bajo el nombre Expedited DNA Testing Grant Program, la iniciativa funcionará bajo el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida (FDLE, por sus siglas en inglés) y permitirá que agencias policiales accedan a fondos estatales para enviar pruebas a laboratorios privados, siempre y cuando cumplan con rigurosos estándares de acreditación.
Estos laboratorios deberán contar con al menos cinco años de certificación bajo normas internacionales ISO/IEC 17025:2017 y ajustarse a los protocolos de calidad del FBI.
La ley no abre la puerta a un uso indiscriminado de recursos privados, sino que estos solo se autorizarán en dos escenarios específicos:
- Falta de tecnología pública: cuando los laboratorios estatales o locales no cuenten con el equipamiento o las técnicas necesarias para procesar una muestra.
- Urgencia en la investigación: si la demora en obtener resultados compromete el avance de un caso, ya sea en crímenes recientes o en «casos fríos» que requieran revisión inmediata.
Además, la ley busca evitar malos usos del sistema. Cada agencia beneficiada deberá presentar un informe detallado al FDLE dentro del año siguiente a recibir la subvención.
Estos documentos incluirán datos clave como el monto recibido, el número de casos analizados, el laboratorio contratado, la tecnología empleada y los tiempos de respuesta.
Esta ley cambia esto sobre las investigaciones forenses en Florida. Foto:iStock
Ron DeSantis firmó una ley que cambiará todo sobre los condominios en Florida
El gobernador Ron DeSantis promulgó recientemente otra ley, la HB 913, que modifica las normas de seguridad y mantenimiento para los condominios en Florida.
La medida surge como reacción al derrumbe del edificio Champlain Towers South en Surfside en 2021, tragedia en la que fallecieron 98 personas.
La nueva legislación amplía los plazos, reduce las exigencias de ahorro obligatorio y ofrece alternativas de financiamiento a las asociaciones de propietarios, buscando disminuir la carga económica sobre los residentes sin poner en riesgo la seguridad estructural.
Según NBC Miami, el proyecto fue aprobado por unanimidad en ambas cámaras y entró en vigor el 23 de junio, cuando DeSantis lo firmó. Durante una conferencia en Clearwater, el gobernador señaló que, aunque las reglas anteriores tenían “buenas intenciones”, generaban “preocupación legítima sobre la asequibilidad” de las viviendas.
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