El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva que faculta a gobiernos estatales y municipales a remover a personas sin hogar de las calles y trasladarlas, aun sin su consentimiento, a centros de tratamiento.
La Casa Blanca sostiene que la medida, titulada ‘Acabar con la delincuencia y el desorden en las calles estadounidenses’, busca “restaurar el orden público” y ofrecer atención médica a quienes no pueden valerse por sí mismos, en respuesta a lo que describe como un problema “endémico” de indigencia, desorden y amenazas a la seguridad.
En el texto, Trump justifica la decisión con cifras récord: en una sola noche del último año de la administración anterior se registraron 274.224 personas viviendo en las calles, la mayor cifra documentada hasta ahora.
La Administración republicana justifica la medida en las alarmantes cifras de indigencia. Foto:iStock
La orden asegura que “la abrumadora mayoría” de quienes carecen de vivienda padece adicciones, enfermedades mentales o ambas. Cerca de dos tercios, según el gobierno, han consumido drogas duras como metanfetaminas, cocaína u opioides, y un número similar reporta trastornos mentales.
“Los programas previos, financiados con decenas de miles de millones de dólares, han fracasado al no atacar las causas profundas de la falta de vivienda, dejando vulnerables a otros ciudadanos ante amenazas a la seguridad pública”, argumenta el documento.
Encarcelar a las personas en instituciones cerradas y obligarlas a recibir tratamiento no resolverá el problema
La Administración Trump plantea que “abandonar nuestras ciudades al desorden y al miedo no es compasivo ni para las personas sin hogar ni para los demás ciudadanos” y asegura que su administración implementará “un nuevo enfoque” centrado en la protección de la seguridad pública.
La pieza central de la orden ejecutiva es la expansión del uso del llamado “compromiso civil”, mecanismo legal que permite la internación obligatoria de personas con enfermedades mentales que representen un peligro para sí mismas o para otros, o que, viviendo en las calles, no puedan atenderse.
La fiscal general, Pam Bondi, deberá emprender acciones para revertir precedentes judiciales y decretos que limitan la capacidad de gobiernos estatales y locales de aplicar esta herramienta, y proveerles asistencia técnica y fondos para implementar estándares “flexibles” de tratamiento institucional y programas de transición que faciliten la reintegración paulatina.
Donald Trump firmó la orden ejecutiva este jueves. Foto:AFP
El texto también ordena priorizar, en la asignación de subvenciones federales, a los estados y municipios que refuercen la aplicación de leyes contra el consumo abierto de drogas, la acampada, el merodeo y la ocupación ilegal de espacios urbanos. Se pide, además, la identificación y monitoreo de ofensores sexuales sin domicilio fijo, así como la evaluación de quienes sean arrestados por delitos federales para determinar si deben ser sometidos a compromiso civil como “personas sexualmente peligrosas”.
La orden redistribuye recursos hacia programas “eficaces y basados en evidencia” para tratar adicciones y enfermedades mentales graves, excluyendo iniciativas como los sitios de “consumo seguro”, que según la administración “solo facilitan el uso ilegal de drogas y su daño asociado”.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos deberá garantizar que los fondos federales para centros de salud comunitarios reduzcan la indigencia apoyando servicios integrales, como atención de crisis y programas de tratamiento ambulatorio.
Trump también apunta a un cambio de rumbo en la política de asistencia federal. Se introduce un sistema de “rendición de cuentas” para programas de vivienda y refugio, con la intención de abandonar las políticas de “vivienda primero” que, según la Casa Blanca, priorizan la entrega de alojamiento sin exigir tratamiento, recuperación y autosuficiencia.
Los beneficiarios que padezcan adicciones o enfermedades mentales graves deberán someterse a terapias como condición para recibir ayuda.
Lo cierto es todo lo contrario: las instituciones son peligrosas y mortales, y el tratamiento forzado no funciona
El documento instruye al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano a permitir que, cuando la ley lo autorice, programas financiados con fondos federales ofrezcan alojamiento exclusivo para mujeres y niños y prohíban alojar ofensores sexuales junto a menores no relacionados.
Se ordena, además, evaluar si las organizaciones que operan “sitios de consumo seguro” o permiten el uso de drogas en instalaciones bajo su control incumplen la ley federal, y suspender su financiación en caso necesario.
La orden también autoriza la recopilación y el uso de datos médicos de los beneficiarios para coordinar tratamientos y compartir información con autoridades cuando sea pertinente, con el objetivo de reforzar la atención y conectar a estas personas con recursos de salud pública.
También se introduce un sistema de “rendición de cuentas” para programas de vivienda y refugio. Foto:iStock
La Casa Blanca defiende la medida como una respuesta a un sistema que, a su juicio, ha normalizado la indigencia. El traslado forzoso a centros de tratamiento mediante compromiso civil, concluye la orden, busca “restaurar el orden público, garantizar la seguridad y brindar una atención humana” a quienes viven en las calles, a la vez que proteger a los ciudadanos que —según la administración— han quedado expuestos a un problema “fuera de control”.
¿Qué consecuencias puede traer la orden?
Scout Katovich, abogada del Centro Trone para la Justicia y la Igualdad de la ACLU, dijo que la orden demuestra un “notable desprecio” por los derechos y la dignidad de las personas vulnerables.
“Encarcelar a las personas en instituciones cerradas y obligarlas a recibir tratamiento no resolverá el problema de la falta de vivienda ni apoyará a las personas con discapacidad. Lo cierto es todo lo contrario: las instituciones son peligrosas y mortales, y el tratamiento forzado no funciona”, agregó la abogada.
Trump también ordenó al Servicio de Parques Nacionales remover los campamentos de personas sin hogar Foto:iStock
Katovich recordó que Trump ha redoblado la apuesta por políticas que “castigan” a personas desfavorecidas, como la firma de la ley presupuestaria que diezma el programa de salud pública Medicaid, el principal financiador de servicios de adicción y salud mental.
La medida de hoy sigue una tomada en marzo pasado cuando el mandatario estadounidense ordenó al Servicio de Parques Nacionales remover los campamentos de personas sin hogar y los grafitis en tierras federales.
Redacción Internacional – Con información de EFE
! function (f, b, e, v, n, t, s) {
if (f.fbq) return;
n = f.fbq = function () {
n.callMethod ?
n.callMethod.apply(n, arguments) : n.queue.push(arguments)
};
if (!f._fbq) f._fbq = n;
n.push = n;
n.loaded = !0;
n.version = ‘2.0’;
n.queue = [];
t = b.createElement(e);
t.async = !0;
t.src = v;
s = b.getElementsByTagName(e)[0];
s.parentNode.insertBefore(t, s)
}
(window, document, ‘script’, ‘https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js’);
fbq(‘init’, ‘2639268933010768’);
fbq(‘track’, ‘PageView’);
