Los primeros vuelos de deportación desde el centro de detención migratoria conocido como “Alligator Alcatraz” comenzaron recientemente en el remoto aeropuerto de los Everglades, según anunció el viernes el gobernador de Florida, Ron DeSantis. El Departamento de Seguridad Nacional ha trasladado a unos 100 detenidos a otros países, y se espera que ese número aumente significativamente
DeSantis, durante una conferencia de prensa cerca del lugar, declaró: “Creo que veremos que las cifras aumentarán drásticamente”. Según él, dos o tres vuelos operados desde la instalación ya han partido, aunque no se han especificado los destinos ni las nacionalidades de los deportados.
“Me complace informar que esos vuelos desde el ‘Alligator Alcatraz’, de parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), han comenzado. El ritmo está incrementando. Hemos tenido ya cierto número de vuelos en los últimos días, hemos removido a cientos de indocumentados desde aquí […] El propósito completo es convertir esto en un lugar que pueda facilitar el incremento en la frecuencia y el número de deportaciones de extranjeros indocumentados; esa es la meta. Y una de las razones por las que este es un lugar esencial es porque tienes esta pista aérea justo aquí”.
La visita del gobernador ocurre días después de una protesta de decenas de activistas y familiares de migrantes detenidos que tacharon el lugar como un “campo de concentración” y una “jaula para perros”.
La nueva «joya de la corona» en deportaciones
La instalación fue construida en apenas ocho días, con capacidad para albergar hasta 2 mil personas inicialmente y potencial para duplicar esa cifra. Incluye más de 200 cámaras de seguridad, más de 8 kilómetros de alambre de púas y una plantilla de 400 agentes. Se dio prioridad a su ubicación en el aeropuerto Dade-Collier, una pista remota rodeada de pantanos infestados de caimanes y pitones, como parte del diseño disuasorio.
De acuerdo con los promotores del proyecto, la lejanía del lugar —unos 80 km al oeste de Miami— funciona como advertencia simbólica: quien intente escaparse del centro se enfrentará a la fauna salvaje del entorno, según comentarios públicos del gobernador. La construcción está a cargo del gobierno estatal bajo una declaración de emergencia que habilita contratación sin licitación pública. El contrato más grande, por 78.5 millones de dólares, fue otorgado a la empresa Critical Response Strategies para proveer personal y servicios operativos.
El centro ha recibido críticas por parte de grupos ambientalistas, indígenas y organizaciones defensoras de derechos humanos, que denuncian condiciones inhumanas, acceso limitado a asistencia legal, saneamiento deficiente e impacto ecológico. Dos ciudadanos italianos que ya han sido detenidos en el centro describieron el lugar como «jaulas» sin luz ni comida adecuada . Desde la administración estatal, DeSantis y otros funcionarios defienden Alligator Alcatraz como una contribución esencial al control migratorio federal, alineada con las políticas de deportación promovidas por el expresidente Trump. La Casa Blanca ha expresado su apoyo y compartido imágenes promocionales del centro.
La instalación se levantó en territorio público previamente destinado a un aeropuerto militar abandonado. Según registros, recibió su primer grupo de detenidos el 3 de julio y actualmente opera bajo el programa federal «287(g)», que permite participación local de fuerzas estatales en detenciones migratorias.
Las autoridades han proyectado que los vuelos de deportación permitirán trasladar a los detenidos directamente desde la pista aérea a sus países de origen. Sin embargo, el seguimiento de vuelos a través de servicios como FlightAware ha revelado que muchos vuelos recientes han sido privados, lo que deja la operación específica de los vuelos comerciales sin confirmación oficial.
El centro fue diseñado para albergar hasta 5 mil personas, aunque por ahora funciona con capacidad menor. El gobierno de Florida ya firmó contratos por más de 245 millones de dólares para su puesta en marcha. Líderes republicanos como el senador John Cornyn han expresado interés en replicar el modelo en Texas, en medio de un impulso federal para ampliar centros migratorios en estados limítrofes.
bm
