Mariana Campos Vega, coordinadora del Frente para América Latina en World Youth for Climate Justice (WYCJ), se congratuló este jueves en Aristegui en Vivo por la resolución de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, que establece obligaciones vinculantes a los Estados para adoptar medidas contra el cambio climático.
Entre las medidas de la CIJ, que Campos Vega destacó, está el que los Estados deben alcanzar objetivos concretos en la reducción de emisiones contaminantes a partir de la producción y consumo de combustibles fósiles, así como el intentar mantener el calentamiento global por debajo de 1.5 grados centígrados, algo que a su parecer no debe ser solo un concepto científico sino legal.
De acuerdo con el juez Yuji Iwasawa, quien presidió el panel de 15 jueces de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el incumplimiento a las “estrictas obligaciones” impuestas en los tratados internacionales sobre el combate al cambio climático constituye una violación del derecho internacional.
“Los Estados tienen obligaciones, en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, de respetar y garantizar el disfrute efectivo de los derechos humanos mediante la adopción de las medidas necesarias para proteger el sistema climático y otras partes del medioambiente”, estableció la CIJ.
Campos Vega recordó la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionada con la emergencia climática, así como el mensaje del secretario general de la ONU, António Guterres, quien aseguró que la era de los combustibles fósiles está llegando a su fin e instó a los gobiernos del mundo a que presenten nuevos planes en el combate contra el cambio climáticos en la cumbre COP30 de noviembre en Brasil.
Ha sido un mes de hitos históricos, no sólo para nuestra región con la Corte Interamericana pronunciándose sobre emergencia climática y derechos humanos, sino ahora la Corte Internacional de Justicia pronunciándose sobre cuáles son las obligaciones de los Estados respecto al cambio climático y qué pasa si no se cumplen con esas obligaciones.
“En un contexto de crisis climática el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático ha sido clave para entender cuál es la temperatura a la cual debemos aspirar para minimizar los daños de la crisis climática en las comunidades, en las personas y la Corte (CIJ) lo dijo muy claramente.
Incluso si limitamos el calentamiento global a 1.5 grados aún habrá muchas comunidades, países, personas que estarán en riesgo, incluso ecosistemas por lo cual sienta un precedente para que el 1.5 (grados) no solamente sea un concepto científico sino un concepto legal al cual los estados están obligados a alinear todas sus políticas públicas.
La coordinadora de WYCJ explicó que la resolución de la Corte Internacional de Justicia ha sido explícita en el sentido de que los Estados están obligados a cumplir con lo que establece el tratado de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, pero también con otros principios que por su relevancia y aceptación mundial se deben acatar para prevenir daños ambientales significativos.
Prevenir daños ambientales significativos al sistema climático se vuelve una regla oponible a cualquier Estado, es decir, todos están obligados a detener la producción, el consumo, el otorgamiento de licencias de los subsidios a combustibles fósiles, para evitar daños que generen este impacto significativo en el sistema climático, lo cual es, al menos desde el derecho, un hito histórico, porque es la primera vez que la Corte Internacional de justicia en primera instancia aborda el cambio climático.
Campos Vega destacó que la resolución de la CIJ aborda de manera puntual que los Estados tiene la obligación de detener su producción de combustibles fósiles, detener los subsidios a combustibles fósiles, para evitar mayor daño medioambiental.
“Durante el procedimiento en las audiencias, los mayores emisores tuvieron argumentos relativos a que solamente tendría que considerarse el régimen climático como regla aplicable, pero la Corte ya ha sido muy clara en este sentido y se ha pronunciado en que los derechos humanos también aplican en la crisis climática, esto quiere decir que la Corte Internacional de Justicia reconoció nuestro derecho a un medio ambiente sano y sostenible.
La Corte reconoce que el derecho a un medio ambiente sano y sostenible es una precondición para que podamos gozar de otros derechos humanos.
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