En las dos entregas anteriores aclaramos lo esencial: las reformas legislativas recientes en materia de seguridad no vulneran los derechos de los ciudadanos, sino que refuerzan el marco jurídico con principios fundamentales: legalidad, trazabilidad, control judicial y respeto pleno a la privacidad. También explicamos cómo estas disposiciones ya operan en la práctica, con ejemplos en casos de desaparición, crimen organizado y amenazas a la seguridad nacional.
Hoy cerramos este serial con una reflexión necesaria: estas reformas no representan un punto de llegada, sino un punto de partida. Su verdadero valor no reside sólo en el texto legal, sino en lo que permitirán construir: un modelo de Estado que actúe con eficacia y responsabilidad ante la violencia, sin debilitar las libertades individuales ni el Estado de derecho.
A lo largo de décadas, México ha enfrentado severos desafíos: niveles alarmantes de impunidad, procesos fragmentados, instituciones rebasadas y una ciudadanía cada vez más escéptica. En ese contexto, las reformas no se entienden como una solución mágica, sino como la base para una transformación profunda que debe consolidarse desde la operación cotidiana.
El nuevo marco jurídico proporciona herramientas tecnológicas y legales que permiten al Estado actuar con mayor agilidad ante delitos de alto impacto. Pero esto sólo será útil si se implementa con rigor, profesionalismo y supervisión constante. Hoy, más que nunca, necesitamos operadores capacitados, fiscalías que actúen con visión de justicia y no de castigo, policías que se ciñan a sus límites y jueces comprometidos con el debido proceso.
Uno de los ejes clave es la Plataforma Única de Identidad, que permite interconectar registros forenses, de salud, transporte o personas desaparecidas. Como ya se ha señalado, su activación no es generalizada: requiere una carpeta de investigación o folio de búsqueda. La herramienta es potente, pero su uso debe ser preciso, justificado y trazable.
Lo mismo ocurre con la geolocalización en tiempo real o la intervención de comunicaciones: ambas siguen bajo control judicial, con requerimientos estrictos y con la obligación de destruir cualquier información que no constituya prueba válida. Hay instrumentos para actuar con legalidad frente a casos específicos.
En cuanto al Centro Nacional de Inteligencia, la narrativa alarmista ha sostenido que tendrá acceso ilimitado a datos personales. Esto es falso. El acceso está regulado por las leyes de transparencia y protección de datos personales. Cada solicitud debe estar vinculada a una finalidad legítima dentro de un proceso de inteligencia autorizado y documentado, con la única finalidad de combatir al crimen organizado. No más, pero no menos.
Este nuevo andamiaje legal debe ir acompañado de una cultura institucional distinta. No basta tener normas estrictas: es necesario fomentar una ética pública sólida, fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas, garantizar que la ciudadanía tenga canales reales para vigilar y exigir el cumplimiento de la ley, pues son una herramienta para responder mejor, y el termómetro para su medición será la supervisión judicial y la capacitación adecuada de todos los actores.
Las reformas no amenazan nuestros derechos, los visibilizan con firmeza en un entorno donde la seguridad no puede postergarse más. En lugar de elegir entre seguridad o libertad, México tiene hoy la oportunidad de garantizar ambas con responsabilidad democrática, y no son punto final, son un compromiso con las víctimas, con la verdad y la justicia, debemos hacer que funcione como fue pensada —con equilibrio, transparencia y legalidad—, sólo así estaremos dando un paso firme hacia un país donde el Estado ya no se quede atrás, sino que prevea, resuelva y vaya por delante de las circunstancias actuales. ¿O no?, estimado lector.
