Por Ricardo Peraza
Estamos avanzando en la segunda mitad de 2025 y, mientras las organizaciones líderes en el mundo avanzan decididamente hacia la integración de criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza), en México muchas empresas continúan relegando este tema al fondo de sus agendas. El próximo año, específicamente en 2026, se convertirá en un punto crítico para el sector empresarial nacional, pues por primera vez será obligatorio divulgar información detallada sobre el desempeño en sostenibilidad, al mismo nivel y con el mismo rigor con que se presentan los estados financieros anuales.
La normativa que impulsa esta transformación tiene dos componentes fundamentales: por un lado, las Normas Internacionales de Información Financiera de Sostenibilidad (NIIF S1 y S2), impulsadas globalmente por el International Sustainability Standards Board (ISSB), y por otro, las Normas de Información de Sostenibilidad (NIS A-1 y B-1), desarrolladas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF). Aunque ambas entraron formalmente en vigor en enero de 2025, la realidad es que su primer ejercicio de reporte llegará en 2026.
Esta nueva obligación no es una simple formalidad administrativa; implica cambios sustanciales en cómo las empresas miden, registran y divulgan su información sobre aspectos clave como el impacto ambiental, la equidad salarial, la seguridad laboral y la gobernanza interna. El reporte exigido por las NIIF y NIS demandará datos cuantitativos precisos y trazabilidad absoluta. Las empresas deberán responder preguntas que hasta ahora rara vez se planteaban con seriedad: ¿Cuál es tu nivel de emisiones de gases efecto invernadero? ¿Qué políticas específicas aplicas para garantizar la igualdad de oportunidades? ¿Cuántos accidentes laborales ocurren en promedio cada año y qué acciones implementas para prevenirlos?
El problema actual en México radica en una preocupante falta de preparación. Estudios recientes realizados por firmas de consultoría especializada en sostenibilidad han revelado que más de 60% de las empresas medianas mexicanas no han comenzado siquiera con los procesos básicos para cumplir estos estándares. Muchas organizaciones aún no cuentan con sistemas para recopilar estos datos con rigor ni tienen definidos claramente los procesos internos necesarios para validar y auditar la información que se exigirá a partir de 2026.
Pero, más allá del reto técnico que implica la medición precisa, existe un desafío cultural y estratégico significativo. La sostenibilidad todavía es vista por algunos líderes empresariales como un asunto secundario, algo que puede atenderse superficialmente o delegarse al área de comunicación institucional para embellecer la imagen pública. Sin embargo, estas nuevas normas son claras y precisas: la información ESG se presenta junto a los estados financieros, auditada con criterios rigurosos y verificables. El margen para relatos superficiales y números maquillados es cada vez menor.
Las consecuencias de no prepararse adecuadamente son amplias y potencialmente graves. La reputación corporativa será uno de los primeros impactos. En un contexto global donde inversionistas institucionales, bancos, aseguradoras y consumidores exigen cada vez más transparencia y responsabilidad corporativa, las empresas que no cumplan de manera clara y verificable enfrentarán duras críticas y potencialmente pérdidas económicas significativas.
Además, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha indicado claramente que estas normativas internacionales serán incorporadas a sus propias regulaciones. Esto implica que para empresas cotizadas o aquellas que buscan financiamiento externo, la no presentación o la presentación insuficiente de estos reportes de sostenibilidad podría acarrear problemas serios de cumplimiento regulatorio, limitando su acceso a mercados de capital y generando dificultades operativas y financieras.
Es urgente, por lo tanto, que las organizaciones mexicanas adopten medidas concretas ahora mismo. La creación de comités o áreas especializadas en sostenibilidad, la asignación de presupuestos específicos, y la integración de tecnología para registrar y verificar datos son pasos esenciales e inmediatos que las compañías deberían estar tomando. Estos procesos no pueden improvisarse ni resolverse apresuradamente en los últimos meses antes del reporte obligatorio.
La verdadera oportunidad detrás de estos nuevos requisitos es significativa. Las empresas que anticipen adecuadamente estos cambios y construyan una estructura sólida para reportar su desempeño en sostenibilidad podrán aprovechar ventajas competitivas sustanciales. Tendrán una mejor posición frente a inversionistas, serán más atractivas para talento especializado y mejorarán sustancialmente su reputación entre consumidores cada vez más conscientes y exigentes.
En resumen, el momento para actuar es ahora. Las empresas mexicanas tienen ante sí una decisión crítica: liderar con visión y anticipación o enfrentar las consecuencias del rezago y la improvisación. La nueva era del reporte de sostenibilidad está aquí, y no admite postergaciones ni soluciones superficiales. Aquellas empresas acostumbradas a actuar de manera reactiva, abordando los retos únicamente cuando se vuelven crisis, quedarán inevitablemente rezagadas ante la creciente normatividad y la complejidad que esta conlleva. El futuro cercano exigirá una preparación proactiva y estratégica, y quienes no estén listos no sólo perderán competitividad, sino que arriesgarán su supervivencia misma en un entorno empresarial cada vez más exigente.
