The Wall Street Journal publicó este miércoles que el Departamento de Justicia avisó en mayo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que su nombre aparecía “en múltiples ocasiones” en los papeles de Epstein, el millonario pederasta que murió en 2019 mientras estaba bajo custodia policial a la espera de su juicio por tráfico sexual de menores. Salir en los documentos de Epstein no indica que Trump sea culpable de ningún delito, pero sí puede resultar indicativo de los motivos de la decisión de su Administración, anunciada hace un par de semanas, de no hacer públicos esos archivos, pese a que, tanto sus aliados como él mismo, lo han prometido insistentemente.
El Journal cita el testimonio de funcionarios que hablan desde el anonimato. Es sabido que Trump y Epstein mantuvieron una relación de 15 años, que se rompió, según el presidente de Estados Unidos, en 2004, un año antes de que empezara la investigación del primer juicio contra el financiero. Mucho antes también de que Epstein fuera procesado en Nueva York. Entonces, Trump era presidente por primera vez.
La fiscal general le dijo en aquella reunión de mayo, y siempre según el Journal, que en esos miles de documentos había muchos rumores sobre “mucha gente, Trump incluido”. También le comunicaron su decisión de no hacerlos públicos, porque contenían “pornografía infantil” e información personal de las víctimas.
Por otra parte, bastaron solo cinco días para que la jueza federal de Florida Robin L. Rosenberg denegara la petición de la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, que el viernes le pidió que hiciera públicos los documentos correspondientes a los trabajos del gran jurado en el primero de los dos juicios contra Jeffrey Epstein, que se saldó con una condena por un delito de solicitud de prostitución y un año entre rejas, pese a que la acusación representaba a decenas de menores abusadas por el poderoso millonario en su mansión de Palm Beach.
Bondi, siguiendo las instrucciones del presidente, Donald Trump, también cursó su petición a los jueces encargados del caso contra Epstein abierto por un delito de tráfico sexual de menores en Nueva York en 2019, año en el que el millonario pederasta murió en una celda de Manhattan en lo que el forense concluyó que fue un suicidio, y del proceso contra su exnovia y amiga íntima, Ghislaine Maxwell, que cumple una condena de 20 años de prisión por su papel como conseguidora de Epstein. Los magistrados aún no se han pronunciado.
Lo que perseguían Trump y Bondi es que vean la luz las actas del gran jurado, ese grupo de ciudadanos que, en el ordenamiento jurídico estadounidense, intervienen en una fase preliminar para, guiados por el fiscal, tomar testimonios, efectuar determinadas pruebas y decidir si el asunto debe seguir adelante. Son confidenciales, y los magistrados tienen que buscar el acuerdo de las víctimas y los testigos, por lo que era posible que la petición fuera denegada.
Con esa petición, buscaban apaciguar la revuelta de los simpatizantes MAGA (Make America Great Again), decepcionados con el anuncio de que el Departamento de Justicia y el FBI habían concluido que no existe la lista Epstein, que, según las teorías conspiranoicas que circulan sobre el caso, incluiría los nombres de los ricos y poderosos que participaban en las orgías del inversor, y que este se suicidó, porque no hay pruebas, pese a los abundantes bulos en torno a su desaparición mientras esperaba ser juzgado, de que nadie accediese a la celda para matarlo, y evitar así, que tirara de la manta.
La decisión de este miércoles de la jueza de Florida complica la estrategia de Trump de ofrecer algo con la esperanza de que los suyos, y los demócratas que exigen la divulgación de todos los documentos del caso, olviden sus demandas.
“Las manos atadas”
La jueza Rosenberg escribe en su resolución judicial que tiene “las manos atadas”, porque los tribunales de distrito generalmente tienen prohibido revelar el testimonio del gran jurado, salvo en circunstancias muy concretas.
El juicio contra Epstein en Florida se saldó con una condena leve, y con el disgusto de las víctimas, que sintieron que aquel se había salido con la suya por ser un hombre rico y poderoso. En aquel episodio fue esencial la figura del fiscal Alex Acosta, que accedió a un acuerdo con Epstein, que años después le costó su puesto al frente del Departamento de Trabajo, cuando, al calor del movimiento Me Too, las acusaciones contra el millonario pederasta resucitaron, junto a las críticas por el trabajo de Acosta.
Este fue uno de los miembros del gabinete de la primera presidencia de Trump.
El martes, se conoció también la intención del vice fiscal general, Todd Blanche, que antes fue abogado personal de Trump, de reunirse “en los próximos días” con Maxwell, que no solo reclutaba a las menores de las que este abusaba; también, en ocasiones, participaba de esos abusos. Maxwell ha expresado su deseo de beneficiarse de un perdón de las autoridades.
Horas después, el speaker republicano, Mike Johnson, ordenó adelantar el comienzo del receso de agosto de la Cámara de Representantes para evitar que se celebren incómodos debates (y se voten medidas como solicitar la declaración de Maxwell) en el Capitolio sobre el caso Epstein, como pedían los demócratas. Johnson es uno de los políticos de Washington más fieles a Trump, y con esa decisión suscribe la estrategia del presidente, que lleva días tratando de que pase la tormenta.
