En un esfuerzo por endurecer las penas contra la corrupción inmobiliaria, diputados del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) presentaron dos iniciativas, una de ellas para que esta acción sea considerada un delito que amerite prisión preventiva oficiosa.
La primera reforma busca modificar el artículo 19 Constitucional para incluir la corrupción inmobiliaria dentro de los delitos que requieren prisión preventiva oficiosa. La segunda, por su parte, adiciona el artículo 244 Bis al Código Penal Federal y reforma la Ley General de Responsabilidades Administrativas para tipificar y sancionar este delito.
En conferencia de prensa, Ricardo Mejía Berdeja justificó estas propuestas, señalando que la corrupción inmobiliaria es un delito «tan grave» que merece el mismo tratamiento que la extorsión, el robo de hidrocarburos, el tráfico de fentanilo, el «huachicol», el homicidio y la delincuencia organizada.
«La corrupción inmobiliaria es una de las redes de corrupción más extendidas, arraigadas y dañinas para nuestra sociedad», afirmó.
Detalló que esta práctica se basa en la «colusión entre servidores públicos y desarrolladores inmobiliarios para alterar, omitir, falsificar trámites para modificar legalmente los usos de suelo, construir sin permisos para vender sin servicios ni infraestructura, burlar la ley y lucrar con el derecho a la vivienda».
El legislador advirtió que estas acciones generan gentrificación, desplazamiento, encarecimiento de la vivienda e incrementan la desigualdad urbana. Mencionó dos casos emblemáticos: el «Cártel Inmobiliario de la Benito Juárez» en la Ciudad de México y las acusaciones contra el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, por supuestamente beneficiar a empresas familiares con terrenos públicos y contratos.
«Se busca castigar con severidad a quienes han hecho del desarrollo urbano un negocio de élite para que dejen de burlarse de las leyes del pueblo y la justicia», sentenció Mejía Berdeja, enfatizando que las reformas buscan que los «malos servidores públicos y sus cómplices que se dediquen a este delito» enfrenten la prisión preventiva oficiosa.
Por su parte, Margarita García García respaldó la iniciativa, recordando el caso del «Cártel del Despojo en Oaxaca», en particular la afectación a los hermanos Conzatti, donde se denunció robo de identidad por parte del Registro Civil. Celebró que estas reformas busquen castigar a los involucrados con todo el peso de la ley.
Finalmente, la parlamentaria reiteró que esta reforma representará un «gran avance en la protección de los derechos de la ciudadanía y sus propiedades», ya que no se permitirá que «sigan robando los Cárteles Inmobiliarios o los Cárteles del Despojo», como ha ocurrido en diversas entidades del país.
jcp
