El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, fustigó el lunes al gobierno de Nicolás Maduro luego de que la fiscalía de Venezuela anunciara una investigación en su contra por supuestos abusos a migrantes venezolanos que fueron deportados por Estados Unidos y permanecieron en una prisión salvadoreña.
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Llegada a Venezuela de migrantes encarcelados en El Salvador. Foto:AFP
El viernes, 252 migrantes venezolanos fueron repatriados como parte de un canje de prisioneros entre Washington y Caracas, que a cambio liberó a diez ciudadanos y residentes estadounidenses detenidos en Venezuela y a unos 80 presos políticos.
Los migrantes venezolanos enviados por Estados Unidos a la megacárcel para pandilleros de El Salvador sufrieron abusos sexuales, golpizas diarias, entrega de comida podrida y «torturas», según el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab.
Entonces, el fiscal Saab anunció una investigación contra Bukele y otros funcionarios salvadoreños, a quienes acusó de cometer crímenes de lesa humanidad por estos supuestos abusos.
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Horas más tarde, Bukele aseguró que «el régimen de Maduro estaba satisfecho con el acuerdo de intercambio; por eso lo aceptaron», escribió en un mensaje en su cuenta oficial de la red social X.
«Ahora gritan y se indignan, pero no porque estén en desacuerdo con el trato, sino porque acaban de darse cuenta de que se quedaron sin rehenes del país más poderoso del mundo«, agregó el mandatario en referencia a Estados Unidos.
Tarek William Saab, fiscal General de Venezuela. Foto:Cortesía Ministerio Público
La diplomacia de intercambio de prisioneros se ha vuelto común entre Washinton y Caracas. Normalmente, el chavismo apuesta por el relajamiento de sanciones y concesiones petroleras.
Sin embargo, en esta oportunidad, Washington no concedió la extensión de la licencia petrolera Chevron, la cual finalizó en mayo y que representaba un importante flujo de dinero para la economía venezolana.
Venezuela encara constantes denuncias sobre torturas a opositores políticos presos en el país, y por su rechazo a permitir que tengan un abogado privado. La Corte Penal Internacional (CPI) investiga al gobierno por delitos de lesa humanidad.
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Amnistía Internacional de hecho pidió al gobierno «garantizar y respetar los derechos humanos» de estos migrantes, luego que la semana pasada denunciara un repunte de desapariciones forzosas en el país. Condenó al mismo tiempo lo que tachó de «cruel truco publicitario» de Estados Unidos.
Autoridades venezolanas vigilan la llegada de avión con migrantes encarcelados en El Salvador. Foto:AFP
«Ninguna de estas personas debió ser detenida en estas circunstancias», dijo Amy Fisher, de la división de migración de Amnistía.
La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) aseguró el lunes que 22 presos políticos murieron bajo custodia del Estado desde 2015, y advirtió que las autoridades esperan hasta el «último momento» para atender a los detenidos que reportan malestares de salud.
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