Las consecuencias fueron inmediatas: el miedo se apoderó de la comunidad inmigrante y, lo más sorpresivo, incluso trabajadores ciudadanos abandonaron sus empleos ante el temor de ser detenidos por error o afectados por la militarización de la zona.
Un estudio del UC Merced Community and Labor Center, basado en datos de la Encuesta de Población Actual (CPS), reveló que en solo una semana —entre el 11 de mayo y el 8 de junio de 2025— el empleo en el sector privado de California cayó un 3,1 %, una cifra comparable con crisis históricas como la Gran Recesión y la pandemia de COVID-19.
Lo más clave es que la mayor caída numérica no se dio entre los migrantes indocumentados, sino entre ciudadanos: más de 271.000 dejaron de reportar trabajo en ese período.
El operativo de ICE que impactó a toda la economía californiana
Bajo la orden presidencial de ejecutar la mayor operación de deportación en la historia del país, ICE desplegó a sus agentes en fábricas, granjas y zonas residenciales, en algunos casos acompañados por tropas de la Guardia Nacional.
Esta acción formó parte de la denominada Operation Return to Sender. Si bien oficialmente el operativo se dirigía a personas sin documentación, las detenciones indiscriminadas, la falta de acceso a abogados y los perfiles raciales terminaron afectando a trabajadores legales e incluso nacidos en EE. UU.
Los operativos de ICE están afectando la disponibilidad de mano de obra. Foto:iStock
Durante la semana del operativo, 193.000 trabajadores no ciudadanos y 271.000 ciudadanos dejaron de trabajar en el sector privado californiano, lo que provocó una caída del consumo, una desaceleración del comercio y afectaciones visibles en la economía local.
Puede no haber estado directamente expuesto a estas redadas, pero sus efectos alcanzaron a comercios, servicios y hasta escuelas. El impacto fue mayor entre mujeres no ciudadanas (con una caída del 8,6 % en empleo) y entre trabajadores latinos, que representan una gran parte de la fuerza laboral afectada.
Por su parte, organismos como la ACLU presentaron demandas para frenar redadas inconstitucionales, pero hasta ahora no hay garantías plenas de que ICE no continúe aplicando tácticas invasivas.
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